Registra Contraloría Legislativa del EdoMéx 10 denuncias electorales durante primeras semanas de campañas
*Alberto Dzib*
La Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México informó que, durante la primera semana de campañas electorales, para ayuntamientos y diputaciones en la entidad, se han recibido al menos 10 denuncias por condicionamiento de programas sociales a cambio del voto en favor, principalmente, de candidatos que buscan la reelección en las alcaldías.
El titular del órgano, Victorino Barrios Dávalos, destacó que las quejas tienen que ver con la amenaza de retirar apoyos sociales, de no votar por cierto partido o candidato y la presunta anomalía; asimismo, dijo, se han dado principalmente contra los ayuntamientos de Rayón, Tenango del Valle, Tonatico, Jiquipilco y Joquicingo, 5 de los 39 municipios mexiquenses en donde se busca la reelección a las alcaldías.
Consideró que, de comprobarse alguno de los hechos denunciados, podría tratarse de uno de los primeros efectos negativos de la figura de elección consecutiva; pues, en estos casos, los candidatos, que son a su vez alcaldes con licencia, podrían estar utilizando el recurso humano y material del municipio para beneficiar su campaña.
“Todos esos son de reelección, curiosamente, por eso decía, es en donde está la reelección, porque un candidato no le podría mandar al director de desarrollo social un candidato que aspira por primera ocasión; quien aspira por segunda sí.”, puntualizó.
Comentó que estas denuncias se están remitiendo a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), donde se podrá dar celeridad a la investigación de los reportes y sancionar, si así lo amerita; no sólo a funcionarios de elección popular, sino a cualquier servidor público que esté incurriendo en anomalías electorales, por las que, según la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se pueden imponer sanciones desde 50 hasta 100 días de multa y desde 6 meses a un año de prisión.
Barrios Dávalos sostuvo que la contraloría Legislativa de la entidad continuará supervisando que en ningún ayuntamiento del Estado se utilicen recursos públicos humanos o materiales para fines políticos o electorales y que los servidores públicos eviten participar en actos proselitistas durante su horario laboral.
