Recientes casos de censura en México levantan alertas en la Sociedad Interamericana de Prensa
*Redacción Diario Evolución*
Luego de darse a conocer los casos del periodista Jorge Luis González que fue censurado por haber cometido presuntamente violencia política de género contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, la reforma de ciberacoso en Puebla y otras medidas impuestas contra medios de comunicación nacionales por instituciones electorales, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación ante lo que podría considerarse un resurgimiento de mecanismos de censura en México.
Mediante un pronunciamiento que dio a conocer esta semana, destacó los casos recientes que a su consideración configuran una tendencia a una limitación de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
En su comunicado, señaló la medida que un tribunal local impuso al periodista Jorge Luis González Valdez, prohibiéndole referirse a la gobernadora Layda Sansores, medida que también obliga al medio Tribuna Campeche a someter todo su contenido a revisión previa de un interventor judicial, constituyendo un claro caso de censura previa.
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Refirió que la redacción ambigua de la reciente reforma al artículo 167 del Código Penal de Puebla amplía el delito de “ciberacoso” a quien realice publicaciones que afecten la dignidad de una persona, puede utilizarse para perseguir a periodistas, activistas o usuarios de redes sociales que critiquen a funcionarios públicos, lo que representa una forma de censura legal anticipada.
Asimismo, dio a conocer la exigencia del Instituto Nacional Electoral (INE) al medio digital La Silla Rota de entregar documentos, videos y fuentes relacionados con una investigación sobre los denominados “acordeones” en los comicios electorales con amenaza de una multa de hasta 11 millones de pesos, así como la orden del Tribunal Electoral de Tamaulipas al periodista Héctor de Mauleón y a El Universal de retirar una columna crítica, con base en una demanda promovida por una candidata local.
Resaltó que estos no son casos aislados, sino síntomas de un entorno institucional cada vez más hostil al periodismo. “Nos preocupa que en un país democrático con marcos constitucionales sólidos, se usen herramientas judiciales, legislativas o administrativas para inhibir la crítica y fiscalización del poder”, advirtió José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó que se están sentando precedentes graves en el país. “Si un medio local es obligado a someter su trabajo al visto bueno de un interventor judicial, o si se penaliza a un ciudadano por opinar en redes sociales, se está institucionalizando el silencio”, manifestó.
A.C.
