Podrían pasar 160 años en prisión por la muerte del pequeño Fernandito en La Paz
*Luis Ayala Ramos*

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que los tres imputados por su probable participación en la muerte del menor Fernandito ocurrido en La Paz el pasado 4 de agosto, fueron vinculados a proceso y se les impuso prisión preventiva. Los delitos que se les atribuyen incluyen desaparición y secuestro que causa la muerte, por los cuales podrían alcanzar sentencias de hasta 160 años de prisión.
Asimismo, la FGJEM lleva a cabo una investigación por la probable omisión de servidores públicos que habrían negado atención a la madre del menor, M.N.G.S., en perjuicio de su derecho a denunciar. La indagatoria se realiza en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y busca esclarecer la actuación de funcionarios que dilataron el acceso al servicio y mostraron absoluta falta de empatía y vocación de servicio.
De acuerdo con la investigación, el 3 de agosto la madre acudió al Centro de Justicia de La Paz para denunciar que su hijo había sido retenido por una amiga, pero fue remitida a esperar a otra funcionaria o acudir a un área distinta, lo que la llevó a retirarse y presentar la denuncia formal al día siguiente. Durante la diligencia del 4 de agosto, agentes ministeriales en coordinación con la Policía Municipal localizaron el cuerpo del menor en estado de descomposición dentro de unas bolsas en el patio de su domicilio.
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En el lugar fueron detenidos Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, quienes actualmente enfrentan proceso legal bajo medida cautelar de prisión preventiva. Las periciales determinaron que el menor presentaba fracturas en clavícula y costilla, así como traumatismo craneoencefálico, con un intervalo de muerte de tres a cinco días antes del hallazgo.
El caso también expone graves fallas institucionales, por lo que el agente del Ministerio Público que derivó la denuncia el 3 de agosto fue cesado y enfrentará responsabilidades administrativas y penales. Asimismo, otra agente del área de Género fue removida para determinar si su actuación afectó los derechos de la madre del menor. La investigación podría ampliarse a otros servidores públicos involucrados.
Finalmente, se informó que la activista Fabiola Villa no pudo acceder al expediente el 21 de agosto debido a que no contaba con acreditación legal para consultar la carpeta, por lo que la Fiscalía ratificó que se siguen los protocolos legales correspondientes.
