Nayarit, Jalisco y EdoMéx con más investigaciones por corrupción sin llegar a sanciones
*Redacción Diario Evolución*
Solo el 7.1 por ciento de los casos investigados por corrupción en los órganos de fiscalización administrativa son sancionados, es decir, solo el 7 de cada 100 terminan con algún tipo de sanción por parte de los tribunales de justicia administrativa, reveló Transparencia Mexicana luego de realizó un estudio difundido en vísperas que se presente un paquete de reformas anticorrupción.
De acuerdo con su estudio, la Federación tiene más probables responsabilidades administrativas investigadas, ya que de las mil 542 solo nueve tuvieron sentencia definitiva y solo tiene 15 sanciones totales. En estados, quien más acumula responsabilidades administrativas investigadas es Nayarit, con 829, de las cuales 75 fueron sentencia definitiva y 97, sanciones totales.
Le sigue Jalisco, con 589, donde 83 tuvieron sentencia definitiva y 18 sanciones totales; y el Estado de México, donde de las 272 investigaciones en solo tres hubo sentencia definitiva y 10, sanciones totales. Sin embargo, también hay casos en los que las investigaciones totales no han sido sancionadas como en Campeche, donde de las 158 investigaciones que se han realizado en torno a la corrupción, ninguna ha sido sancionada, o Coahuila, Baja California y Baja California Sur, que si bien tienen pocas investigaciones –cuatro, tres y ocho, respectivamente-, no se ha emitido alguna sanción.
También hay casos en los que se indicó que hay sanciones definitivas, pero se carece de sentencia total, tal situación se vio reflejada en los estados de San Luis Potosí, que de las 161 investigaciones, 17 tienen sentencia definitiva, pero no hay sanciones totales; Sinaloa, con 23 investigaciones y solo una sentencia definitiva; Colima, que si bien de las dos investigaciones que se tienen conocimiento fueron sancionadas definitivamente, ninguna de las dos ha llegado al punto de ser sancionada totalmente, por mencionar algunas.
La investigación se realizó con la participación de los órganos de fiscalización superior y los tribunales de justicia de las 32 entidades federativas y las instituciones correspondientes a nivel federal, donde se evalúo la facultad conferida por el Congreso de la Unión en 2015, cuando se dotó a los órganos federales y estatales de fiscalización para que pudieran investigar graves faltas de corrupción en materia administrativa.
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Por lo que con el estudio de Transparencia Mexicana se puede percibir que a más de una década de aquella reforma, hay una amplia brecha entre los casos investigados y los que finalmente reciben una sanción. La organización consideró que si bien es positiva la propuesta de revisar la inmunidad procesal de funcionarios públicos, la medida por sí sola no garantizará que los casos de corrupción sean castigados.
Eduardo Bohorquéz, director ejecutivo de Transparencia Mexicana señaló que la desaparición de la inmunidad procesal será relevante únicamente si la medida se acompaña de otras acciones destinadas a evitar que los casos terminen en impunidad administrativa o penal.
Este análisis será entregado al Congreso de la Unión para que sea considerado durante el análisis y discusión de reformas a la Ley de fiscalización superior que se prevén para este año, a fin que los poderes Ejecutivo y Legislativo valoren el impacto del marco legal vigente y consideren posibles cambios a la Ley de Fiscalización vigente.
A.C.
