Propone Octavio Martínez limitar aumentos de renta a la inflación
Limitar los aumentos de renta de vivienda a la inflación registrada por el Banco de México durante el año anterior, establecer un plazo de 90 días para notificar la terminación de un arrendamiento y crear un Registro Digital de Contratos de Arrendamiento son algunas de las medidas planteadas en una iniciativa presentada por el diputado Octavio Martínez Vargas, integrante del grupo parlamentario de Morena en la LXII Legislatura mexiquense.
La propuesta busca reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de México y de la Ley de Vivienda del Estado de México, bajo el planteamiento de reconocer el acceso a una vivienda adecuada como un derecho que no necesariamente debe estar ligado a la propiedad.
El documento señala que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el Estado de México 65.1 por ciento de las viviendas particulares habitadas son propias, mientras que 17.6 por ciento son rentadas y 16.4 por ciento son prestadas por familiares o amistades.
La iniciativa también refiere que para los hogares de menores ingresos el pago de la renta representa una carga importante. Con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, señala que los hogares ubicados en el primer decil destinan hasta 32.6 por ciento de sus ingresos al arrendamiento.
Ante este escenario, Martínez Vargas plantea establecer en el Código Civil que el incremento de la renta de una vivienda no pueda ser superior a la inflación reportada por el Banco de México durante el año inmediato anterior. La misma limitación aplicaría en caso de renovación o novación del contrato.
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La propuesta contempla además que las viviendas destinadas al arrendamiento cuenten con servicios básicos y cumplan condiciones de habitabilidad, higiene, salud y saneamiento.
Otro de los cambios planteados establece que, tratándose de arrendamientos urbanos destinados a casa habitación, la persona arrendadora deba notificar por escrito con al menos 90 días naturales de anticipación su decisión de concluir el contrato y requerir la desocupación del inmueble.
A su vez, la persona arrendataria tendría que comunicar con el mismo plazo su decisión de desocupar la vivienda. En ambos casos, la notificación deberá realizarse mediante un mecanismo que permita acreditar de manera confiable su recepción.
La iniciativa también propone crear un Registro Digital de Contratos de Arrendamiento, integrado al Sistema Estatal de Vivienda, en el que las personas arrendadoras deberán registrar los contratos dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles posteriores a su celebración.
El registro estaría sujeto a las disposiciones en materia de transparencia y protección de datos personales, por lo que su información no sería pública de manera general y su acceso quedaría sujeto a las condiciones previstas en la legislación.
En materia de política pública, el proyecto plantea que el Estado garantice condiciones para acceder a una vivienda digna y adecuada, ya sea en propiedad o en arrendamiento, particularmente para personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.
También propone que los programas estatales de vivienda contemplen alternativas para quienes no tienen acceso a financiamiento hipotecario, incluyendo mecanismos de apoyo mediante el arrendamiento, así como subsidios dirigidos a este sector de la población.
De acuerdo con la iniciativa, el objetivo es ampliar las alternativas de acceso a la vivienda y establecer mayores condiciones de seguridad, estabilidad y certeza jurídica para quienes recurren al arrendamiento como forma de acceso a un hogar.
