Reconoce Codhem el papel de los abogados independientes en la defensa de los Derechos Humanos
*Fernanda Rodríguez*
En un encuentro clave para el gremio jurídico, el Consejo Directivo de la Barra de Abogados del Estado de México llevó a cabo la conferencia “Los Derechos Humanos en México y su implementación en el sistema jurisdiccional”, impartida por Víctor Leopoldo Delgado Pérez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
Durante su intervención, el ombudsperson presentó un desglose sobre la evolución constitucional del país, los retos en la impartición de justicia y el papel decisivo que juegan los litigantes independientes en la defensa de las garantías fundamentales. Delgado Pérez recordó que la reforma constitucional de 2011 marcó un antes y un después al obligar a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Destacó de forma especial el principio pro persona, un pilar que obliga a los juzgadores a aplicar siempre la norma más favorable a las personas, reconociendo que han sido los propios abogados postulantes quienes, con un trabajo técnico y riguroso en los tribunales, han forzado a la judicatura a adoptar esta visión amplia.
Dentro del recorrido normativo, el titular de la CODHEM resaltó dos hitos jurisprudenciales que transformaron el trabajo en las salas de audiencia: la resolución del expediente Varios 162/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que vinculó a los jueces a realizar un control de convencionalidad con base en los tratados internacionales firmados por México, y la Contradicción de Tesis 293/2012, que ubicó a los derechos humanos de fuente constitucional e internacional al mismo nivel, sin jerarquías.
Uno de los momentos con mayor impacto en la jornada fue el debate sobre la prisión preventiva oficiosa. Delgado Pérez enfatizó que las sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no son simples sugerencias, sino obligaciones vinculantes para el Estado mexicano.
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Respaldado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, recordó que la privación de la libertad debe ser la excepción y no la regla general, por lo que rechazó su aplicación automática y exigió un análisis individualizado y proporcional en cada caso que justifique los riesgos procesales. La exposición abordó también la cruda realidad penitenciaria y de procuración de justicia en la entidad, la cual alberga a casi 38 mil personas privadas de la libertad.
El ombudsperson reveló que, durante 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) fue la institución con el mayor número de quejas ante los organismos de derechos humanos, acumulando 5,141 expedientes en los 125 municipios. Se señaló que las principales fallas provienen de la falta de debida diligencia al integrar las carpetas de investigación, lo que revictimiza a la ciudadanía ante la inercia institucional.
Respecto a la efectividad de las recomendaciones de la CODHEM, aclaró que, aunque el artículo 102 constitucional establece que no son vinculatorias, tampoco son optativas. Las autoridades están obligadas a responderlas y, de rechazarlas, deben fundamentar públicamente su negativa. El valor de estos instrumentos, afirmó, radica en la sanción moral, la evidencia comprobada y la búsqueda de una reparación integral con garantías de no repetición. Al cerrar la conferencia, Delgado Pérez hizo un llamado a la unidad de la abogacía mexiquense, reconociendo a los litigantes como la primera línea de contención contra los abusos de autoridad.
El evento concluyó con tres conclusiones fundamentales para la práctica jurídica actual: la complementariedad entre las vías judiciales y los organismos defensores; la exigencia de argumentar el principio pro persona y el control de convencionalidad en cada audiencia; y la premisa irrenunciable de que la libertad individual debe prevalecer siempre sobre la prisión cautelar.
