PRI lleva ante la FGR corrupción en el INE y acusa a Morena de preparar fraude electoral
*Redacción Diario Evolución*
Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, informó sobre la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE); en entrevista con medios, dijo que estas acciones legales buscan que las autoridades competentes investiguen a fondo las supuestas irregularidades detectadas dentro del órgano electoral, y no solo contra la expresidenta del organismo electoral, Guadalupe Taddei, sino junto a otros funcionarios y consejeros que pudieron involucrarse en el caso.
A la par de las acusaciones penales, el líder del Partido Revolucionario Institucional, adelantó que su bancada no entablará ningún tipo de negociación política relacionada con el proceso de renovación de la presidencia del INE. Acuso a Morena de haber impuesto y dotado de facultades a los implicados con el supuesto propósito de tomar el control de las juntas electorales locales de cara a los comicios de 2027 y 2030.
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Tras ello, reiteró públicamente que la crisis en el organismo es responsabilidad absoluta del partido oficialista. Sostuvo que el recorte de alrededor de 6 mil millones de pesos, aprobado recientemente al presupuesto del INE tiene el objetivo directo de debilitar su capacidad operativa para controlar los próximos comicios. Afirmó textualmente: “Morena lo que está preparando es impulsar un gran fraude electoral, robarse la elección y no lo vamos a permitir“.
Cabe mencionar que, derivado de la renuncia de la expresidenta, la institución formalizó la salida de 30 funcionarios de alto y medio rango vinculados con su gestión. La gravedad de la situación financiera provocó además que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenara el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias de 25 personas y 15 empresas proveedoras sospechosas. Al mismo tiempo, las nuevas autoridades interinas del propio INE interpusieron su propia denuncia ante la FGR para deslindar responsabilidades por delitos que abarcan los últimos 10 años de contratos.
G.L.
