Entra en vigor la polémica “Ley Antimemes” con multas millonarias y cárcel
*Redacción Diario Evolución*
A partir de este fin de semana, el uso indebido de logotipos oficiales, la suplantación de páginas gubernamentales y la piratería comercial se castigan con severas sanciones económicas y penales en todo el país. Tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, entraron en vigor las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, popularmente conocidas como la “Ley Antimemes”, alcanza cifras millonarias para los infractores.
De acuerdo con la reforma y con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026 —fijado en 117.31 pesos diarios—, quienes reproduzcan o imiten elementos de identidad gráfica, dominios electrónicos o documentos de cualquier institución pública para inducir al engaño enfrentarán multas que van de las mil a las 10 mil UMA. Esto representa un desembolso mínimo de 117 mil 310 pesos y un máximo de un millón 173 mul 100 pesos para los responsables.
Además del impacto económico, esta conducta conlleva penas de uno a cinco años de prisión. La legislación establece que la sanción económica no aplica a la sátira o al humor cotidiano en redes sociales, sino únicamente cuando se acrediten tres agravantes simultáneas: que se realice a escala comercial, que busque engañar sobre el origen oficial y que exista la intención de cometer un ilícito, como ocurre con los portales falsos de trámites o cobros fraudulentos.
Diario Evolución recomienda:
El mismo decreto endurece las sanciones para quienes comercialicen productos falsificados. De acuerdo con el artículo 404, las personas que vendan u ofrezcan artículos con marcas piratas a consumidores finales en la vía pública o en establecimientos se harán acreedoras a multas que oscilan entre las mil y las 100 mil UMA, además de penas de dos a seis años de cárcel. En los supuestos más graves contemplados en el marco de propiedad industrial, las penalizaciones económicas pueden escalar hasta los 29.3 millones de pesos.
Mientras legisladores de Morena y del Partido del Trabajo defienden este esquema financiero como una herramienta necesaria para frenar los fraudes digitales y cumplir con compromisos comerciales internacionales, partidos de oposición y organizaciones civiles advierten que el monto de las multas podría funcionar como un mecanismo de intimidación. Señalan que la redacción deja abierta la puerta a interpretaciones discrecionales contra creadores de contenido, medios digitales y ciudadanos.
G.L.
