martes, julio 21, 2026
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A proceso a 26 exfuncionarios por megadefraude de plazas de “aviadores” en el SECTI 

*Redacción Diario Evolución*

Foto: Especial.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) desmanteló una red de corrupción integrada por 33 exservidores, funcionarios activos y particulares que operaban un millonario esquema de “aviadores”, logrando ya la vinculación a proceso de 26 implicados. La investigación formal inició tras las denuncias presentadas por el actual Gobierno del Estado de México durante los meses de febrero y mayo de 2026, luego de que se detectaran al menos 459 movimientos irregulares de alta de personal en plazas docentes cuyos supuestos titulares jamás se presentaron a trabajar.

El esquema delictivo, que de acuerdo con las autoridades operaba de manera sistemática desde el año 2021, involucra a altos mandos de la administración estatal del periodo 2017-2023. Entre los investigados destacan dos exsubsecretarios, dos exdirectores generales, coordinadores, delegados administrativos, directores de área y subdirectores pertenecientes a las secretarías de Finanzas, Educación y Seguridad, así como a las actuales dependencias de la Oficialía Mayor y la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (SECTI).

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía mexiquense, la red criminal aprovechó las plataformas tecnológicas “SIGAP” y “META 4” —infraestructura implementada a finales de 2017 para la dispersión de la nómina gubernamental— para registrar a los falsos trabajadores. Los involucrados vulneraron deliberadamente los filtros de control y el Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal, omitiendo la entrega de soporte documental o perfiles profesionales obligatorios para dar de alta las plazas.

La operación de este grupo delictivo se basaba en la estrecha relación de parentesco y confianza entre sus miembros, al punto de que cuando un funcionario dejaba su cargo, el sucesor era integrado de inmediato a la red para mantener la continuidad del fraude. Para evitar ser descubiertos por las autoridades escolares, los funcionarios de la SECTI y de la Oficialía Mayor intercambiaban claves de acceso personalizadas y asignaban de manera fraudulenta las altas de los supuestos docentes a planteles educativos que se encontraban inactivos.

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El modus operandi económico incluía la figura de “reclutadores”, quienes captaban a familiares y amigos para que facilitaran sus datos personales a cambio de un pago mínimo. Una vez generadas las cuentas bancarias, los líderes de la organización retenían las tarjetas de débito de la nómina y realizaban retiros masivos; como ejemplo de la disparidad del reparto, las autoridades señalaron que por cada 200 mil pesos que el erario pagaba por concepto de sueldo, el falso docente recibía únicamente 6 mil pesos, mientras que los mandos superiores se quedaban con el resto del dinero.

Las autoridades recordaron que un antecedente clave de esta investigación ocurrió el 19 de diciembre de 2021 en Toluca, cuando un implicado identificado como Juan Alberto “N” fue detenido en un cajero automático con 164 tarjetas de débito de la Secretaría de Seguridad y 180 mil pesos en efectivo. En ese momento, sus superiores jerárquicos y subordinados presentaron declaraciones falsas y pagarés simulados ante el Ministerio Público para encubrir el origen del dinero y justificar la posesión de los plásticos, lo que permitió que el esquema siguiera operando de manera impune por varios años más.

Los Directores Generales, Directores de Área, Jefes de Departamento y personal operativo que participaban en este esquema, ya sea que tuvieran acceso o no al SIGAP, realizaban funciones específicas, tales como autorizar las altas y/o licencias, así como tramitar los pagos o la adscripción de los “falsos docentes” para que fueran asignados a planteles con clave de centro de trabajo inactivo, ubicados principalmente en Almoloya de Alquisiras, Amecameca, Ecatepec, Luvianos, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Metepec, Tejupilco, Texcoco, Toluca, Zinacantepec y Zumpango.

De los 33 investigados, seis son ex servidores públicos: Óscar “N” que fungió como Subsecretario de Administración del 16 de abril 2021 al 30 de septiembre de 2023 en la Secretaría de Finanzas,  Sergio Andrés “N” que se desempeñó como Subsecretario de Administración y Finanzas del 2019 al 2023 en la Secretaría de Educación, así como Alfredo “N”, Delegado Administrativo del Subsistema de Educación Básica del 1 de marzo de 2024 al 31 de mayo de 2025 en la SECTI; de igual forma son investigados Felipe “N”, Fredy “N” y Yesica “N”, quienes fueron elementos de la Secretaría de Seguridad durante 2021.

También se encuentran nueve servidores públicos de la OM: Juan Alberto “N”, Delegado Administrativo de la Dirección General de Personal desde el 16 de marzo de 2020; Araceli “N”, Directora de Remuneraciones al Personal de la Dirección General de Personal del 16 de junio de 2021 a la fecha; Yunuen “N”, Subdirectora de Actualización de Base de Datos de la Dirección General de Personal del 16 de abril de 2021 a la fecha; Fabiola Lidia “N”, Líder de Proyecto A con funciones de Secretaria Particular de Yunuen “N”; Christopher “N”, Subdirector de Desarrollo Técnico de la Dirección General de Personal del 16 de octubre de 2024 a la fecha; Diego Emmanuel “N”, Jefe de Departamento de Base de Datos de Nómina de la Dirección General de Personal del 16 de junio de 2022 a la fecha; David “N”, Director de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Dirección General de Personal del 16 de junio de 2024 a la fecha; Daniel “N”, Secretario Particular del Director General de Personal del 1 de mayo de 2021 a la fecha; Jair “N”, Analista Especializado de 2022 a la fecha y persona de confianza de Yunuen “N”.

De igual forma en contra, hay 11 servidores públicos detenidos adscritos a la SECTI: Daniel Arturo “N”, Delegado Administrativo de la Subsecretaría de Educación Básica del 1 de junio de 2025 a la fecha; Alejandra “N”, Ángel Fernando “N”, Anel “N”, Yuritzi Lucero “N”, Norma del Carmen “N”, Ericka “N”, Orlando “N”, Jorge Emanuel “N”, Óscar “N” “N” así como Alan Israel “N” todos con funciones de capturistas. 

Una servidora pública de la Secretaría del Bienestar, identificada como Diana Paola “N”, actualmente Analista B con funciones de Asistente del Coordinador Administrativo de esa dependencia y quien entre 2021 y 2023 ocupó el cargo de Jefa de Proyecto con funciones de Secretaria Particular de Óscar “N”, entonces Subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas.

Asimismo, esta Fiscalía ejercitó acción penal en contra de “falsos docentes” identificados con funciones de “reclutadores”, entre estos la detenida Sabina “N”, quien contó con una plaza de docente del 2 de enero de 2025 al 15 de febrero de 2026.

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