Ahorita no, joven: SCJN y la Ley de Remuneraciones

*Luis Durán*

Pareciera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continúa rehuyendo a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual puntualiza que ningún funcionario gane más que el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, especificando que serán ellos los que asignen cuanto será la disminución salarial.

Todo indicaba que la novela entre López Obrador y los magistrados del Poder Judicial había llegado a su fin, donde éstos aceptarían la ley de ingresos, que puntualiza que nadie habrá de percibir más de 108 mil pesos mensuales; sin embargo, dicha iniciativa ha sido postergada en diversas ocasiones, con el argumento que la Cámara de Diputados nacional puede subir o bajar los sueldos, pero prohibiéndole a los senadores que sean ellos quienes asignen la cantidad a disminuir.

Asimismo, no se puede dejar de lado el retiro de la ministra Margarita Luna Ramos, que concluyó, este jueves, un periodo de 15 años en diversos cargos dentro de la SCNJ, tras ser elegida por el Senado de la República en 2004, durante la administración de Vicente Fox; fue de tal grado los logros de la ministra que, en 2013, recibió las llaves de la ciudad de Morelia, Michoacán.

No obstante, no podemos descartar que, más allá de todos los indicios por su retiro de la Suprema Corte, Luna Ramos prefiera jubilarse con un salario sin disminuciones, para así tener una pensión vitalicia similar a su excolega y ahora titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien, de diciembre de 2015 a enero de 2019, ha percibido cerca de 9.6 millones de pesos.

De cuerdo con información de Aristegui Noticias, la secretaria de gobernación se jubiló de la SCNJ a finales de 2015, donde se desempeñó como ministra poco más de 20 años; el artículo 94 de la Constitución y el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que todos los ministros y jueces tienen derecho a una pensión de por vida, la cual contempla 100% de su sueldo los primeros dos años, para posteriormente bajar a 80%.

En un documento de transparencia de la dependencia, se muestra que Sánchez Cordero ha recibido una retribución de más de 9 millones 667 mil pesos; ya que en diciembre de 2015 percibió 249 mil 571 pesos al mes, todo 2016 recibió 227 mil 694 pesos, de enero a noviembre de 2017 cerca de 278 mil, diciembre de ese año 226 mil 697 pesos y lo que va 2018 un estimado de 229 mil 560 pesos.

Aunque se sabe bien que la titular de gobernación mencionó que donaría su sueldo actual a beneficencias, que es por más de 100 mil pesos mensuales, aún cuenta con su pequeña pensión -similar a las que entrega el propio López Obrador-, por lo que espera recaudar poco más de 2 millones 290 mil pesos en lo que resta del presente año. -Apenas y para unas cuantas nuevas canastas básicas-

Cabe destacar que el justificante de dichos sueldos tan exorbitantes pueda abarcar por su labor judicial, escolaridad, responsabilidad, experiencia, o cualquier otro concepto, pero es abrupto que dichas personalidades tengan remuneraciones económicas tan altas en un país calificado como el cuarto más impune de toda América Latina y el 138, de 180 a nivel mundial, en el Índice de Percepción de Corrupción 2018.

Quizá ahora se pueda entender un poco mejor el porqué de la “dadivosidad” de Olga Sánchez Cordero al ceder su sueldo como secretaria de gobernación, y que Luna Ramos se retire antes del reajuste salarial de los jueces y magistrados de la SCNJ, aunque no se descarta los otros argumentos de la jubilación de la ahora exministra.

Por ende, se tendrá que seguir haciendo un análisis profundo sobre el funcionamiento del sistema judicial y sus operantes en México, ya que pareciera que, mientras unos se benefician económicamente por “ejercer la justicia”, la sociedad no recibe aplicación ecuánime de la ley, haciéndola vislumbrar como inoperante, pretenciosa y carente de objetividad, la cual se basa y se apega únicamente en la Constitución, nada más.

Tal vez el dicho de ‘la justicia es sólo para los ricos’ no esté tan alejado de la realidad; porque, aunque se argumente que hace falta más jueces y magistrados en el país para ejercer el correcto derecho, pareciera que los pocos que tenemos únicamente ven por sus intereses, operan en la incompetencia e imperan por la soberbia -véase en el caso del LordMinistro-; sin descartar a quienes realicen adecuadamente su labor y se gobiernen bajo las normas que los rigen.