Congresistas contrastan avances y pendientes en el combate a la corrupción
Ante los desafíos que enfrenta el Estado de México en materia de combate a la corrupción, congresistas de morena, PVEM y PT destacaron que la honestidad, la austeridad, el servicio al pueblo y la participación ciudadana son pilares de la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. En contraste, legisladores del PRI, PAN, MC y PRD cuestionaron acerca de los índices de percepción ciudadana sobre este problema, los resultados de las auditorías y los mecanismos para garantizar los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Durante la comparecencia de Hilda Salazar Gil, titular de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, el diputado Vladimir Hernández Villegas (morena), presidente de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, resaltó la relevancia de esta área, cuya encomienda social es prevenir, detectar y, en el ámbito de su competencia, sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, así como vigilar, fiscalizar y controlar los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública estatal y su sector auxiliar.
En el análisis del Tercer Informe de Gobierno de la gobernadora, el diputado Román Francisco Cortés Lugo (morena) reconoció la conducción de la administración estatal y valoró la realización de 3 mil 500 auditorías y la participación ciudadana mediante los comités ciudadanos de control y vigilancia, al considerar que constituyen una herramienta valiosa para involucrar directamente a la población en el seguimiento de las obras públicas.
En este contexto, preguntó cuántos recursos destinados a obra pública han sido vigilados por estos comités, qué mecanismos preventivos se han implementado para fortalecer el control interno y prevenir posibles actos de corrupción, así como qué auditorías se han practicado a los recursos asignados a los programas sociales.
Al señalar que la integridad pública es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, la parlamentaria Alejandra Figueroa Adame (PVEM) subrayó la importancia de seguir fortaleciendo las capacidades institucionales para prevenir riesgos, optimizar los mecanismos de control y garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones inherentes al servicio público.
Además, indicó que el seguimiento de la situación patrimonial y de intereses de las personas servidoras públicas es otro componente fundamental para fortalecer la integridad pública. Por ello, preguntó cuántas sanciones se han impuesto en esta materia y qué mecanismos de control existen para garantizar la imparcialidad y la transparencia en la actuación de la Secretaría.
De la bancada del PT, la legisladora Yareli Anai Esparza Acevedo compartió que la gobernadora ha impulsado acciones para fortalecer la honestidad en el ejercicio de la función pública, mejorar los mecanismos de control gubernamental y avanzar en la prevención y el combate a la corrupción.
En ese sentido, solicitó a la compareciente detallar los mecanismos de seguimiento de las observaciones y de verificación del cumplimiento de las medidas correctivas por parte de las dependencias y entidades públicas; los resultados obtenidos mediante los sistemas de gestión de la calidad, antisoborno y prevención de la corrupción; así como las acciones de coordinación y comunicación implementadas con los órganos integrantes del sistema anticorrupción.
Por el PRI, la diputada María Mercedes Colín Guadarrama señaló que la transparencia, la protección de datos personales y el combate a la corrupción son conquistas ciudadanas que deben protegerse y consolidarse todos los días. Igualmente, lamentó que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 61.5 por ciento de la población mexiquense mayor de 18 años considera que la corrupción es el segundo problema más importante de la entidad.
Ante ello, cuestionó cómo se garantiza el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, considerando que Transparencia Mexiquense, órgano que sustituyó al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), forma parte de la Secretaría de la Contraloría. Asimismo, solicitó información sobre las denuncias por presuntos actos de corrupción que han sido desechadas, así como detalles del proceso de nombramiento de la persona titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Cultura y Turismo.
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Al señalar que la corrupción “es un cáncer que ha carcomido la confianza de la ciudadanía, del gobierno y de sus instituciones”, la diputada Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN) lamentó que el 76.6 por ciento de la población mexiquense considere que la corrupción es frecuente dentro del gobierno estatal. Afirmó que uno de los aspectos más graves es el retroceso democrático que, a su juicio, representó la desaparición del Infoem.
Preguntó cómo se garantiza que no se reserven expedientes de compras y auditorías cuando se solicite conocer el destino de los recursos públicos, cuáles son las faltas administrativas más denunciadas y qué acciones se llevan a cabo para combatirlas, así como cuáles son las estrategias para promover una cultura de ética pública e integridad en el Gobierno del Estado de México.
Por MC, la legisladora Lilia Urbina Salazar consideró que la evaluación de una Contraloría no puede limitarse al número de auditorías realizadas o sanciones impuestas, sino que también se debe incluir las irregularidades detectadas, los recursos públicos protegidos y las medidas adoptadas para evitar que las conductas indebidas se repitan.
Por ello, requirió información sobre los mecanismos para detectar y prevenir licitaciones dirigidas o pactadas, la forma en que se verifican posibles conflictos de interés en las contrataciones y los procedimientos que han derivado en investigaciones o sanciones. Cuestionó cómo se protegerán los derechos laborales de quienes trabajaban en el Infoem, qué instancia atenderá las posibles reclamaciones y cómo se transparentarán los finiquitos y liquidaciones.
Al sumarse a los cuestionamientos sobre la percepción ciudadana respecto de la corrupción, la parlamentaria Araceli Casasola Salazar (PRD) solicitó datos sobre el número de personas exservidoras públicas de la administración estatal 2017-2023 que se encuentran presas por actos de corrupción detectados por la Contraloría.
Pidió detalles sobre los resultados de las auditorías, los criterios para seleccionar a los entes auditados y el número de investigaciones realizadas a la Secretaría de Salud durante 2025. Asimismo, señaló la existencia de acusaciones por presuntos actos de corrupción contra esa dependencia y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
En su participación, Hilda Salazar aseguró que combatir la corrupción no significa esperar a que ocurra una irregularidad para sancionarla, sino anticipar riesgos, fortalecer los controles, cerrar espacios a las conductas indebidas y actuar conforme a derecho cuando existan elementos para investigar.
Compartió que, como resultado de las auditorías, se determinaron 2 mil 831 observaciones, mil 718 relacionadas con acciones de mejora de control interno y mil 113 vinculadas a posibles irregularidades administrativas. De estas últimas, 947 fueron aclaradas y 616 se turnaron a las áreas de investigación competente para que se termine lo procedente conforme a la ley.
En fiscalización externa, informó que se realizaron cerca de 280 acompañamientos en auditorías, y que en materia de procedimientos de responsabilidad administrativa se resolvieron más de 3 mil 900 expedientes, de los cuales derivaron más de 2 mil 400 sanciones a servidoras públicas. Además, sobre las presuntas faltas graves, mencionó que se remitieron 120 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
Rinde Congreso local minuto de silencio por fallecimientos de exdiputados locales
A propuesta de las diputadas Leticia Mejía García (PRI) y Ruth Salinas Reyes (MC), el Pleno del Congreso mexiquense rindió un minuto de silencio por los fallecimientos de Felipe Valdez Portocarrero y Juan Manuel Trujillo Mondragón, quienes fueron diputados locales en las legislaturas mexiquenses LV y LVII, respectivamente.
