Créditos de municipios para atender a población en pobreza extrema analiza la Legislatura

Foto: Especial.

Respecto a la iniciativa para que los ayuntamientos gestionen créditos, estos deberán contar con autorización del Cabildo y el recurso deberá destinarse a obras, acciones sociales básicas o inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, particularmente en rubros como agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda y mantenimiento de infraestructura.

La propuesta indica que cada municipio podrá contratar los créditos a más tardar el 20 de septiembre de 2020, y en cualquier caso deberán haberse pagado en su totalidad el 31 de diciembre de 2021, además de que los ayuntamientos podrán negociar con la institución acreditante los términos y condiciones, a excepción de la tasa fija.

Se establece que la contratación sea mediante funcionarios legalmente facultados, que gestionen uno o varios créditos o empréstitos con cualquier institución del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado.

Esta iniciativa también plantea que, con la finalidad de fortalecer y actualizar los mecanismos de pago de los municipios, se autorice al estado a instrumentar un fideicomiso irrevocable de administración y pago, a cuyo patrimonio los municipios que así lo decidan, y previo cumplimiento de los requisitos correspondientes, afectarán, en una proporción de 25%, el derecho y los ingresos que les correspondan por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, con el fin de cubrir los compromisos de pago derivados de las obligaciones que contraten.

Cada municipio deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda en cada ejercicio fiscal.

Ambas iniciativas fueron remitidas a las comisiones de planeación y gasto público y de finanzas públicas para su dictamen.

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