Elegir magistrados y jueces con capacidad y experiencia fortalecerá la autonomía del judicial: Morena

Los magistrados y jueces deben ser elegidos de entre los más destacados miembros del sistema de carrera judicial, lo que contribuiría a fortalecer la autonomía de ese poder público, para lo cual, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Alfredo González González presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política estatal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La iniciativa, presentada en nombre del diputado expositor y de la diputada Violeta Nova Gómez, busca establecer que los aspirantes a cualquiera de las categorías judiciales, incluyendo los aspirantes a magistradas y magistrados, se sometan a un procedimiento democrático de curso y concurso, con reglas claras, transparentes y objetivas, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la que busca equiparar el ordenamiento estatal.

Una de las actividades públicas más delicadas, dijo, es la jurisdiccional, por entrañar la impartición de justicia, y la cual recae en funcionarios del Poder Judicial, como jueces y magistrados, “por ello es de trascendental importancia que esta función se desempeñe por los mejores funcionarios del Poder Judicial, quienes deben ser personas conocedoras de la ciencia del Derecho, con amplia madurez de criterio para sopesar y resolver los casos concretos sometidos a su conocimiento, con profunda intuición de la justicia, íntegras en su reputación, y que deben actuar con profesionalismo, responsabilidad y manifiesta vocación de servicio”.

Sin embargo, el diputado estableció que esta función no se lleva a cabalidad en la entidad, pues no siempre el cargo de juez o magistrado recae en las personas más idóneas, sobre todo al tratarse de las magistraturas.

“A partir de la reforma del 2010 a la Constitución del estado, la Legislatura tiene la facultad de aprobar los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia a propuesta de la Judicatura y el Gobernador, así que el cargo de magistrado no recae necesariamente en algún funcionario judicial con experiencia y trayectoria, incluso pueden ser designadas las personas que a propuesta del Ejecutivo del Estado tengan los méritos para ello”, dijo ante el Pleno legislativo.

Señaló que las propuestas para ocupar dichos cargos no se llevan a cabo conforme a elementos objetivos, transparentes y con criterios de idoneidad admisibles, y terminan siendo imposiciones de personas carentes de experiencia en la actividad resolutora, como académicos, investigadores, servidores públicos distintos al Poder Judicial.

Esto, dijo, tiene como lamentables consecuencias que no cumplan con sus obligaciones, demerite la impartición de justicia en el estado puesto que no es pronta, ni expedita como lo exige la ley, que exista una falta de legitimidad en el Poder Judicial, además de una desconfianza e insatisfacción por parte de la sociedad y los justiciables.

“En un estado democrático de derecho como lo es nuestra entidad federativa es inconcebible un Poder Judicial sin un sistema de carrera judicial, porque se ha hecho manifiesto que actualmente, en algunos casos, han permeado diversos factores extraños y diversos a la función jurisdiccional para la designación de magistrados, y no precisamente por su capacidad y arraigo en la entidad, demeritando la calidad de las resoluciones”, argumentó.

Por esta razón es importante fortalecer al órgano jurisdiccional de nuestra entidad, a través de la obligatoriedad de experiencia y conocimiento de sus funcionarios, tal como lo mandata la Constitución estatal en el artículo 88, que “establece como obligación para Tribunal Superior de Justicia la formación y actualización de sus funcionarios”, y apuntó que quien quiera acceder al cargo de magistrado debe ser parte de la carrera judicial, realizar y aprobar cursos de formación y someterse a los exámenes de oposición correspondientes.

La iniciativa, remitida para su estudio a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia, también propone establecer la edad de setenta años para el retiro digno de las y los magistrados, además de realizar dos propuestas respecto al Consejo de la Judicatura local, la primera para modificar su integración y la segunda sobre la designación de los magistrados y los jueces de primera instancia del Consejo.