Estado reconoce derechos de grupos minoritarios pero no garantiza su aplicación: investigadora de UAEM

Alberto Dzib

COMUNIDAD LGBTTI

De acuerdo con la investigadora de la Facultad de Derecho de Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Itzel Arriaga Hurtado, en materia de Derechos Humanos, el país se encuentra retrasado y en pausa, pues pese a que ya reconoce los derechos de diversos grupos minoritarios, ha mostrado ineficacia para garantizar su aplicación.

Desde su perspectiva, el mayor ejemplo, tiene que ver con la aprobación de matrimonios igualitarios que se ha planteado a nivel federal y estatal, pues la Constitución Mexicana y otros tratados internacionales en los que ha participado el país, prohíben la discriminación a sectores minoritarios o vulnerables, sin embargo, el gobierno ha permitido que estos se sometan a debate.

Indicó que en éste sentido, el estado mexicano, ha incurrido en una violación a sus propias normas y a los compromisos que ha pactado con otros países adheridos a la Organización de las Naciones Unidas, pues algunos grupos como el lésbico-gay, se ven aún desprotegidos por leyes que les garanticen el acceso a una vida digna e igualitaria y ello refleja el retraso de más de dos décadas en materia de derechos humanos respecto a otros países.

“Y seguimos creyendo que podemos debatir sobre si asumimos o no al género en materia de homosexualidad, ya no podemos discutir esto como sociedad civil, el compromiso es una obligación jurídica que el gobierno adquirió por un tema, no de nueva administración, sino de un tema de obligación internacional a partir de estos derechos de nueva generación”.

La experta subrayó que aunque el avance en éste tema que tiene como fin último evitar la violencia, corresponde a todos los sectores de la sociedad, al ámbito gubernamental se le puede atribuir la mayor responsabilidad en la lentitud, pues ha incumplido en su obligación por difundir, informar y sensibilizar a la gente sobre el respeto de quienes son distintos.

De ésta manera enfatizó que los funcionarios públicos deben comprender que los derechos de las personas no pueden formar parte de un tema político o religioso y su garantía no está a discusión pues mientras más retraso exista en su aplicación, los niveles de violencia en el país continuarán siendo una de las principales características de la población.

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