Exfuncionarios de Profeco se coludieron con cárteles para extorsionar a gasolineros
*Redacción Diario Evolución*
Una investigación periodística reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene bajo investigación a exfuncionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por presuntamente estar involucrados con cárteles del narcotráfico para extorsionar a empresarios gasolineros. Entre los implicados se encuentran los extitulares Ricardo Sheffield y David Aguilar Romero, así como una veintena de exempleados.
Entre los cárteles señalados se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos, con quienes se contaba una red criminal para exigir pagos ilegales a más de seis mil gasolineras en varias regiones del país, a cambio de protección o para evitar sanciones administrativas.
De acuerdo con información del medio La Silla Rota, la indagatoria se encuentra bajo custodia de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR en la carpeta FEMDO/FEITATA-CDMX/0000899/2024, donde se encuentran citados Ricardo Sheffield, actual senador por Morena, y David Aguilar Romero, así como colaboradores divididos en dos grupos identificados como “Guanajuatenses” y “Grupo Monterrey”.
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Uno de los exfuncionarios, identificado como “Pablo”, aportó información clave en la que reveló que en Profeco se montó un sistema para extorsionar a miles de gasolineras, a las cuales se les solicitaba el pago regular de cuotas, a las que se denominaron “vacunas” y en caso de no alinearse eran amenazados por sicarios o se les exhibía en el espacio “Quién es quién en combustibles”, por Ricardo Sheffield durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
También se exhibe que el exfuncionario Sergio Arturo Iturbe habría realizado acuerdos con Guerreros Unidos para mover el dinero recaudado a nivel nacional y a su vez, era el encargado de cobrar las “vacunas” en Guerrero; y Talía del Carmen Vázquez Alatorre, exsubprocuradora de Verificaciones y actual diputada federal, habría dado protección con apoyo del CJNG a cambio de que se le otorgará una parte de los recursos ilícitos.
Por su parte, el Cártel Santa Rosa de Lima se encargaba de la logística de recaudación de los pagos en coordinación con Ricardo de la Peña Gutiérrez, excoordinador general de Administración en Profeco, de acuerdo con la nota periodística. Estos cobros llegaron a oscilar entre 20 mil y 25 mil pesos mensuales por gasolinera, tan solo en el Valle de México. Con el dinero que entregaban, los gasolineros recibían alertas previas sobre inspecciones o la omisión de sanciones que inmovilizaban sus despachadoras.
A.C.
