Fosas clandestinas: La culpa de nadie
*Luis Durán*
El 7 de septiembre de 2006 se originó en México uno de los sucesos que han infectado a la sociedad alrededor de 12 años, quebrantando todo tipo de cimiento menos impensado en materia de seguridad e involucrando a todas las autoridades, gobiernos y hasta presidentes; ese día, en un poblado de Uruapan, Michoacán, fue descubierta la primera fosa clandestina del país, la cual albergaba 6 personas muertas.
Durante un periodo de 10 años, de 2006-2016, en la República Mexicana se han localizado cerca de 2 mil fosas en 24 estados del país, donde las autoridades recuperaron 2 mil 884 cuerpos, 324 cráneos humanos, 217 osamentas y 799 restos óseos; además de miles de fragmentos de huesos que corresponden a un número incierto de personas y que, de acuerdo con cifras de la fiscalía, solamente fueron identificados mil 738 víctimas.
La plataforma ‘A dónde van los desaparecidos’ ilustra que las entidades con mayor índice de fosas encontradas son: Veracruz (con 332), Tamaulipas (280), Guerrero (216), Chihuahua (194), Sinaloa (139), Zacatecas (138), Jalisco (137), Nuevo León (114), Sonora (86), Michoacán (76) y San Luis Potosí (64); asimismo, en 18 de los 24 estados señalados el hallazgo de los cementerios clandestinos fue en municipios de las ciudades capitales.
Cabe destacar que los gobiernos de 8 entidades (Baja California, Chiapas, CDMX, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Yucatán) manifestaron que no encontraron sitio alguno donde se llevara a cabo dichas prácticas de exhumación; sin embargo, la misma Procuraduría General de la República (PRG) -que hoy está por desaparecer gracias a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República aprobada por el Senado nacional- y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indican que únicamente Yucatán es el único que realmente no registra, hasta la fecha, fosa alguna.
En el Estado de México, durante 2011 -último año de gobierno en la entidad de Enrique Peña Nieto-, se registraron 7 fosas clandestinas y 10 cuerpos localizados, éstas en los municipios de Chalco y Tlalmanalco; además, en septiembre del presente año, en Temascaltepec se descubrió otra, donde se encontraron 6 personas calcinadas, cinco hombres y una mujer.
Pero si de récords se trata, también en el 2011, el estado de Durango contabilizó la fosa con más occisos extraídos, con 350 víctimas; igualmente, cuenta con la estadística más alta en el número de cuerpos encontrados, con 460 en 7 años.
Aunque el inicio de este tipo de acciones no es exacto, gran porcentaje de los analistas indican que todo comenzó con la “guerra contra las drogas”, encabezada por el expresidente Felipe Calderón, pero achacar sólo a ello dicha problemática es injusto, ya que el fenómeno del narcotráfico, con todas las complicaciones sociales que atrae, viene de muchos años atrás.
Para muestra está la entidad de Morelos, quien fue la única en mantener en secreto 21 fosas halladas, hasta 2016, creando la propia fiscalía una de ellas en el poblado de Tetelcingo, a la cual mandaban cuerpos sin identificar, que debieron llegar a una fosa común; por lo que atribuir al crimen organizado todos los descubrimientos es injusto -por muy absurdo que parezca-.
Si bien en gran medida los cárteles de la droga están detrás de tal atroz crimen, un menor porcentaje recae en cada una de las instancias de las autoridades mexicanas, que incluso llegan a ocultar las cifras reales o entorpecen las investigaciones -muchas de ellas realizadas por organizaciones civiles o periodistas independientes-.
Tristemente, tampoco se puede señalar a los titulares de la nación, Calderón o Peña, como grandes cómplices de todas las fosas clandestinas creadas en el país, ya que resultaría hasta un acto pecaminoso, como lo ocurrido en el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán, donde su abogado, Jeffrey Lichtman, señaló a ambos presidentes como beneficiarios del Cártel de Sinaloa y fue penalizado por ello; entonces, responsabilizarlos de tales acontecimientos sería un acto similar al parricidio. -pobres, ya es suficiente castigo quedarse sin pensión-
Por lo tanto, la pregunta que nos deberíamos hacer como mexicanos es: ¿A quién responsabilizamos por tales crímenes?, ya que las autoridades no son culpables, las dependencias gubernamentales no son culpables, los gobiernos federales y estatales tampoco son culpables y los presidentes ni mencionarlos.
El narcotráfico va de la mano con el crimen organizado, pero éste impera en todo el mundo; no obstante, sólo en México los grupos criminales actúan con extrema violencia, con impunidad, coludidos con autoridades y violando toda integridad humana, civil y moral, con la que dañan a cada persona, familia y ser querido involucrado en cada hallazgo de una fosa clandestina, las cuales, penosamente, han alojado desde mujeres, ancianos, niños, bebés y hasta animales.
