Garantizar Libertad de Expresión Cuando se Penalicen Delitos Informáticos: GPPAN

FERNANDA RIVERA GARANTIZAR LIBERTAD

TOLUCA, Méx.- A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), la diputada Fernanda Rivera Sánchez hizo un llamado al Congreso de la Unión y a las autoridades jurisdiccionales a respetar tratados y legislaciones internacionales que los obligan a garantizar la libertad de expresión, cuando penalicen delitos informáticos.

El posicionamiento lo realizó la diputada panista durante la discusión y aprobación del dictamen de reformas al Código Penal federal para incrementar las penalidades de 3 a 5 años de prisión a quienes adquieran información confidencial de cuentas bancarias y de correo electrónico sin consentimiento de su titular.

Rivera Sánchez añadió que a criterio de los diputados del GPPAN, es una propuesta que protege a los sectores vulnerables que son víctimas de bullying, y aunque  cumple con el fin, podría mal interpretarse el objeto y alcance de la reforma.

Recordó que a propuesta del Partido Acción Nacional, en 1997 el Congreso de la Unión aprobó una abrogación de diversas disposiciones del Código Penal Federal, que tenían que ver con el tema, y agregó: “no confundamos la prevención del bullying, con la protección de malos y corruptos servidores públicos”.

Agregó que el fenómeno de las redes sociales y de aquellas formas de expresión por medios electrónicos, implican un complejo reto a las Instituciones Legislativas del país, en cuanto a proteger a los sectores en situación de vulnerabilidad, como son los niños,  mujeres, indígenas y discapacitados, que  “deben ser nuestro objetivo.

“No debe entenderse que esta propuesta tenga como fin proteger a políticos corruptos o ineptos, esto lo quiero dejar muy claro, tampoco de poner en riesgo la libre expresión, ya que es nuestra postura que cuando la difusión de dichos mensajes tenga como fin la corrección de abusos o actos injustos de los cuales los ciudadanos puedan ser objeto por parte de cuerpos administrativos, jurisdiccionales, políticos o de cualquier servidor público, no puede estimarse como una conducta delictiva o discriminatoria y mucho menos denigrante”.

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