MÉXICO ES UNA NACIÓN DE INSTITUCIONES: ALFONSO ARANA
El diputado Luis Alfonso Arana Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura mexiquense, afirmó que la etapa por la que atraviesa nuestro país será superada con el esfuerzo de todos los mexicanos, “pero principalmente porque sabemos que estamos en una nación de instituciones”.
Durante la Conferencia Magistral “El Control Difuso de la Constitucionalidad y Convencionalidad y la Jurisprudencia”, impartida por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo, y convocada por el Instituto de Estudios Legislativos, Luis Alfonso Arana agradeció la presencia del ministro y expresó el interés de académicos, jueces y ministros, involucrados en la vida institucional de México, por apoyar este tipo de actividades.
En el Salón Benito Juárez del palacio del Poder Legislativo, el vocal ejecutivo del INESLE, Jorge Alberto Huízar Ríos, hizo hincapié en el reto que comparten los poderes Legislativo y Judicial, al hacer de los procedimientos jurisdiccionales herramientas sencillas de fácil acceso a la justicia.
“En el Estado de México nuestros diputados buscan ampliar el catálogo de los derechos humanos. Sabemos que un sistema legal, justo y certero de normas será el ideal de un Estado de Derecho en donde se puedan corregir las trasgresiones a la ley dentro de un marco jurisdiccional ágil y justo”, señaló.
Al ofrecer una introducción a la ponencia, Edgar Genaro Zedillo Velázquez, juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, expresó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la interpretación de la Reforma Constitucional del 10 de julio del 2011, estableció el criterio relativo a que los jueces del país, de cualquier nivel, están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores, cuando sean contrarias a las contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos.
“Bajo este esquema todas las autoridades del país se encuentran obligadas a velar, no sólo por los derechos humanos contenidos en la ley fundamental, sino también por aquellos contendidos en los instrumentos internacionales, adoptando la interpretación favorable al derecho humano de que se trate”, indicó Zedillo Velázquez.
Por su parte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, al impartir la Conferencia Magistral, manifestó que los temas de control difuso y jurisprudencia tienen un trasfondo de gran importancia, pues se está redefiniendo el papel de los juzgadores en el sistema constitucional y legal.
La Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, dijo, otorga una nueva perspectiva en el ámbito de actuación de los jueces en nuestro país. “Antes se decía que el legislador expedía una ley y el juez se encargaba simple y sencillamente de aplicarla, pero los problemas empiezan cuando la ley no alcanza a abarcar todos los casos que se presentan en la realidad”. Por ello, el papel del juzgador ha venido transformándose, “ya no solo somos la boca que pronuncia las palabras de la ley, sino que hoy por hoy tenemos que ser un socio igualitario del legislador en la generación del derecho”.
Por ello, explicó, el juez ya no puede estar sentado esperando a que el legislador expida las leyes que sean necesarias y sólo aplicarlas; el juzgador tiene la posibilidad, a través de la argumentación, interpretación, ponderación de derechos, control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, de interpretar la ley de la forma que resulte más favorable para decidir un caso concreto.
De esta manera, agregó, tenemos hoy un sistema que privilegia la protección de los derechos humanos, y no depende de la expedición de la Carta Magna para que las personas sean titulares de esos derechos.
“Esta reforma esencial genera también una nueva consecuencia, porque ahora, además de reconocer los derechos humanos, también se reconocen a los contenidos en Tratados Internacionales firmados por México, lo que genera un margen más amplio de protección”, detalló.
Al exponer las conclusiones de la ponencia, Raúl Valerio Ramírez, coordinador de jueces del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, destacó la trascendencia del Sistema de Control Constitucional y Convencional Judicial, por ser el de mayor difusión en la actualidad. “Podemos afirmar que hay dos sistemas de control, el concentrando y el difuso; el primero se encomienda a un órgano jurisdiccional con competencia especializada en materia constitucional, y el difuso, en el que todos los órganos judiciales del Estado pueden ejercer ese control”, señaló.
Por último, la diputada Nancy América Morón Suárez hizo entrega de un reconocimiento y presente al ministro Jorge Pardo Rebolledo por su participación, mientras que la clausura estuvo a cargo de Willy Earl Vega Ramírez, magistrado de Primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Segundo Circuito.