Morena en Campeche aprueba ‘Ley Alito’ para expropiar bienes y hacer obras
*Redacción Diario Evolución*
El Congreso de Campeche, aprobó con 18 votos de Morena, PT y PVEM, la llamada “Ley Alito”, una reforma a la Ley de Expropiación y Limitaciones al Derecho de Propiedad que no sólo vulnera el derecho de propiedad, sino que institucionaliza el despojo como política pública. Fue impulsada por la gobernadora Layda Sansores, con la que se establecen nuevas reglas para la ocupación y toma de posesión de bienes particulares bajo la figura de “utilidad pública”.
Con ello, el Ejecutivo estatal podrá ocupar predios privados sin pagar de inmediato, sin avalúo independiente y sin garantías mínimas de defensa para los ciudadanos. Es decir, contempla procedimientos, modalidades y ejecución de expropiaciones, ocupaciones temporales, servidumbres administrativas y limitaciones de dominio.
Las y los morenistas en sesión extraordinaria, indicaron que la medida responde a la falta de reserva territorial en el municipio de San Francisco Campeche para la construcción de vialidades y vivienda social. Se ha denominado de manera irónica como “Ley Alito”, luego de que el diputado local comparó la reforma con el caso del exgobernador de Campeche.
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Se expuso que el priista adquirió 300 hectáreas de terreno al precio de 30 centavos por metro cuadrado, y edificó una residencia valuada en más de 300 millones de pesos con recursos públicos, lo que calificó como un agravio; y derivado de ello, se podrán expropiar dichos terrenos y destinarlos obras.
Cabe mencionar que, la gobernadora Sansores, ha denunciado en diversas ocasiones que Moreno posee propiedades en zonas exclusivas de alta plusvalía. Según información de la Fiscalía General del Estado, existe una carpeta abierta desde 2022 por presunto enriquecimiento ilícito contra el dirigente priista, quien reportó en su declaración patrimonial 13 propiedades, entre ellas dos casas y 11 terrenos adquiridos entre 2012 y 2021.
Pero especialistas, sostienen que está ley, permite que el gobierno declare “utilidad pública” en cinco días, ocupe terrenos antes de formalizar la expropiación, y pague en abonos durante diez años. Si el propietario no reclama la indemnización en tres años, el dinero se lo queda el Estado.
G.L.
