sábado, enero 24, 2026
Municipios

Oaxaca, primera entidad con una ley contra el desplazamiento forzado interno

*Redacción Diario Evolución*

Foto: Especial.

El estado de Oaxaca se convierte en la primera entidad en aprobar y tener una ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, iniciativa presentada por el gobernador Salomón Jara Cruz, y avalado en lo general y particular por el Congreso local que también tipifica como delito el desplazamiento organizado.

Se subraya que el objetivo es proteger a las personas del desplazamiento arbitrario, así como de prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno, y sobre todo, el ayudar a visibilizar y entender la problemática; su aplicación corresponderá a las autoridades del Estado y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias.

Resaltan que, este es un fenómeno mundial que afecta a las personas no solo a nivel físico, sino emocional, ya que se ven obligadas a dejar sus hogares, tierras y familiares cercanos, y en el caso de Oaxaca, ha sido un problema recurrente por décadas que afecta a distintos pueblos y comunidades indígenas por conflictos sociales, políticos, electorales, agrarios y religiosos.

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Tan solo en 2019, la entidad oaxaqueña ocupó el segundo lugar con el mayor número de personas en situación de desplazamiento forzado en el país, y luego de que en ese mismo año el gobierno federal reconoció la existencia de este fenómeno, ahora con esta ley, el Estado asume su compromiso de atender y reparar las garantías humanas.

Por lo que, para llevar a cabo lo anterior, en este ley se creará Registro de Personas en Desplazamiento Forzado Interno, como una herramienta que contribuirá a identificar a las personas que se encuentren en esta situación, conocer sus necesidades y facilitar las acciones de asistencia humanitaria de atención y solución duraderas.

También se tipifica como delito el desplazamiento arbitrario, aquel que se da como resultado de las prácticas nocivas definidas como “toda conducta, actitudes y prácticas que afectan negativamente los derechos fundamentales como a la vida, salud, dignidad, educación, integridad física y mental”.

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G.L.

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