Pelea Octogenario con Familia Pérez de la Fuente por Propiedad con Valor de 6 MDP
Yamel Esquivel
En manos de las autoridades está resolver la disputa por el edificio ubicado en Aldama esquina con Morelos de la ciudad de Toluca, que causó confrontaciones verbales entre los reclamantes de la propiedad; por un lado Alfredo Martínez Gutiérrez, octogenario, afirma que cuenta con documentos para acreditar como dueño, en tanto, Carlos Antonio Valenzuela Pilgram, representante legal de la familia Pérez de la Fuente argumenta lo mismo.
De acuerdo con el abogado desde hace tres años comenzaron la disputa legal. Hace algunos días la situación agudizó, Alfredo Martínez junto con su hijo fueron presentados en la Procuraduría del Estado de México, por intentar defender lo que él considera “suyo”; situación que no impidió que policías municipales intervinieran y los presentaran argumentando agresión y despojo; aunque horas después fue liberado.
En conferencia de prensa, Valenzuela Pilgram intentó revertir la opinión- que a su decir- la sociedad tiene del octogenario, quien es padre de Carlos Eduardo, adolescente secuestrado y asesinado hace tres años; señaló: esta persona es agresiva y no cuenta con las pruebas suficientes para acreditarse como dueño del edificio.
“Yo pido que independientemente de las tragedias que haya sufrido el señor, su edad o la lástima que pueda causar en el ánimo de la sociedad, se haga justicia, sin miramientos , sin complacencias y que se sancione a quien cometa cualquier acción que contravenga el marco legal que nos rige”, expresó.
Para reforzar sus palabras, presentó un video de unos 5 minutos, donde se escucha a Alfredo Martínez insultar a quienes –reconoce el abogado- eran policías ministeriales, que sin una orden judicial intentaban ayudar a “otras personas” a tomar posesión de un local, donde actualmente Martínez Gutiérrez tiene una tortería, inclusive se refiere al litigante como “guachupín”.
Los datos dados a conocer por el abogado reconocen que la propiedad es de la familia Pérez de la Fuente desde 1941, de origen español; actualmente los reclamantes del edificio no viven en la ciudad de Toluca, y por muchos años el manejo se le dio a un administrador, quien se supone le arrendó un departamento a Alfredo Martínez, pero al morir, y no reclamarse la propiedad, éste comenzó un proceso de adjudicación (2011) mismo que supuestamente le fue negado.
Actualmente el valor catastral del inmueble –según revela el apoderado legal de la familia- es de 6 millones de pesos, además de lo que se genera por la renta de departamentos y locales con los que cuenta.
Por el momento, el juicio continúa reconociendo que a ninguna de las partes se le ha dado la razón; lo que origina que Alfredo Martínez afirme que es “acosado”, mientras el abogado comente que hace su trabajo.
