Piden vendedores ambulantes de Toluca apertura y diálogo al ayuntamiento
*Melchor García*
Comerciantes ambulantes de las organizaciones ‘Cuauhtémoc Alameda Central’ y ‘Adolfo López Mateos’ de Toluca se manifestaron a las puertas del Ayuntamiento de Toluca para demandar a la autoridad apertura al diálogo, en busca de encontrar un punto de acuerdo que les permita trabajar en lo que resta del período vacacional.
Informaron que en marzo solicitaron 17 permisos para poder trabajar en las vacaciones en la Plaza González Arratia, en la venta de alimentos y botanas tradicionales, sin embargo, no recibieron respuesta; en contraparte, denuncian han recibido amenazas y agresiones, esto cuando supuestamente la Dirección de Desarrollo Económico de la entidad comprometió apertura para este plazo.
Francisco Javier Hernández Martínez, líder de la organización Cuauhtémoc, aseguró que ya habían acordado con el director de verificación, Martín Robles, que les permitirían trabajar las dos semanas, de nueve de la mañana a nueve de la noche; no obstante, el jueves santo los desalojaron.
“No podemos jugar con la comida de los ciudadanos, sobre todo porque se le hizo la solicitud a desarrollo económico. El señor de desarrollo económico nos mintió a todas luces, porque nos dijo que a lo mejor nos iba a dar un permiso de tolerancia que no iban a expedir recibos; sin embargo, a otras organizaciones si les dieron recibo.”, denunció.
Cuestionaron el por qué hay tolerancia para algunos en zonas específicas, mientras que a otros se les aplica con severidad lo establecido en el bando municipal.
“Nos amenazan, nos dicen que nos van a quitar todo; entonces, digo, no es posible si de por si vivimos con terror por la inseguridad y la violencia institucional se presentan, los inspectores con la policía armada esa es una guerra silenciosa.”, señaló.
Indicaron que las pérdidas económicas por cada puesto que no le es permitido trabajar, pese a la promesa de poder laborar, oscilan entre los mil 500 y mil 800 pesos.
Los comerciantes ambulantes anunciaron que presentarán una denuncia ante Fiscalía Especializada de Investigación de delitos cometidos por servidores públicos, por presuntas agresiones físicas hacia los comerciantes.
