Rechaza IP uso de datos biométricos en padrón de telefonía móvil
*Alberto Dzib*
Concaem anuncia que solicitará amparos individuales y colectivos contra la medida por considerar que se trata de una violación a los derechos de la ciudadanía.
El Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México manifestó su inconformidad con la creación del nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil a partir de datos biométricos e informó que buscará amparos para frenar la medida debido al riesgo que se cree, podría representar.
El presidente de la organización, Gilberto Sauza Martínez, consideró que esta disposición vulnera el derecho a la privacidad de las personas y acaba con la presunción de inocencia debido a que se sustenta en el argumento de contar con información para el combate a delitos como el lavado de dinero, extorsión y secuestro.
Lo más delicado, dijo, es que para ello se ordena que las plataformas digitales bancarias requieran esquemas de geolocalización en tiempo real y que se genere el registro de usuarios de telefonía móvil a partir del acopio de datos biométricos de cada persona, lo cual se ve como una decisión desproporcionada, innecesaria y riesgosa si se tiene en cuenta que históricamente en México se ha evidenciado no se tiene capacidad de control sobre este tipo de información.
Destacó que los usuarios estarán en estado de indefensión con esta disposición en que la autoridad podrá hacer uso de los discrecional de los datos con los que cuenten las plataformas digitales bancarias, los cuales dan acceso a direcciones IP, de teléfono móvil, identificación de radiofrecuencia y acceso a etiquetas en fotografías y mensajes en redes sociales, además de que el padrón podría ser utilizado en el mercado negro como ha ocurrido en muchas ocasiones.
En ese sentido comentó que deben buscarse estrategias de inteligencia para mejorar la seguridad de la población, la recaudación y el respeto al marco legal, pero que no se ve como opción pasar por encima de los derechos de la ciudadanía, por lo que ya sea de manera individual o colectiva, desde la iniciativa privada se buscará solicitar amparos para frenar las medidas que ponen en riesgo a las empresas, ciudadanos y que podrían desencadenar problemas más graves de inseguridad que los que ya se enfrentan.
