Reforma electoral no pasará, afecta los intereses de los partidos

Aunque es poco probable que la Reforma Electoral propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sea aprobada, es importante para La Mayoría Silenciosa analizar con frialdad los puntos básicos del documento y, en consecuencia, mostrar su aprobación o desacuerdo con los mismos.

Los puntos principales son: 1. Dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad; 2. Erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha por el poder; 3. Garantizar la libertad política para todos los ciudadanos y ciudadanas, sin censura; 4. Construir un ámbito nacional en el que partidos y candidaturas independientes cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político; 5. Conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativa y judicial únicas, bajo el principio de la austeridad republicana; 6. Elegir mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, por postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión.

Elegir a ambas cámaras del Congreso de la Unión mediante votación en cada una de las entidades federativas, con el uso del método de listas postuladas por los partidos y candidaturas independientes. Se trata del mecanismo de representación proporcional más plural que se haya propuesto en la historia del sistema político mexicano; 8. Se eliminan 200 diputados federales y 32 senadores para dejar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados y en 96 el del Senado; 9. En los estados y municipios, los Congresos y los Ayuntamientos se regirán por el mismo principio de listas postuladas en una sola demarcación que abarca la totalidad del territorio del estado o municipio respectivo; 10. Limitar el financiamiento de los partidos políticos solamente para gastos de campaña electoral y suprimir el llamado financiamiento ordinario que se les entrega mensualmente cada año; al mismo tiempo, regular las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos por parte de éstos.

De todos ellos, se entiende que la idea es bajar los costos de la democracia, aprovechando, como es costumbre del presidente, para vengar de quienes le han hecho la vida de cuadritos o no comulgan con su forma de pensar y de paso pegarle al financiamiento de los partidos.

La propuesta de disminuir a los representantes populares en el Congreso de la Unión, los congresos locales y los ayuntamientos en realidad no abona en nada a la democracia, el dinero que se ahorra no es aprovechado para brindar mejores servicios o dar más seguridad, la prueba ya se hizo en el Estado de México en donde se disminuyeron los cabildos y hasta la fecha los ayuntamientos están igual o más endeudados, pero hay especialistas que opinan una disminución de salario pareja, para que los representantes populares muestren su voluntad de trabajo y amor al pueblo.

Quitar dinero a los partidos en periodos no electorales, es una buena medida, a través de los años los partidos han justificado por qué deben recibir recursos cuando no hay campañas; sin embargo, ese dinero no ha servido para nada, porque su ideología es de no mejorar, sus cuadros no se han profesionalizado y solo ha servido para que sus militantes de alto rango se den la gran vida.

La duplicidad de organismo a final de cuentas no tiene el fundamento económico, si desaparecen los Oples o los organismos electorales en los estados, de todas maneras el órgano central tendrá que ampliar su base para atender los temas que les corresponda, tal es el caso de los tribunales electorales, en donde con justa razón, deben desaparecer porque en la mayoría de los casos la palabra final la tiene la Sala del Tribunal Electoral de la Federación y todos los afectados acuden a la última instancia.

Pero, en el caso de la elección de los miembros de la autoridad electoral federal y de los tribunales, el planteamiento es ilógico, porque de todas maneras reparte el poder entre los poderes de la unión y por ende, se cae en el mismo caso de los estados y federación en donde los consejeros al momento de llegar al puesto se asumen como parte del partido o poder que los propuso, de tal manera que ya tienen dueño.

Hay quienes opinan que para darle más independencia y sentido ciudadano a los organismos es necesario elaborar una buena convocatoria para que todos los inscritos tenga el perfil adecuado al momento de participar en el proceso, posteriormente insacular a los ciudadanos para elegir a los integrantes y de esta manera tener ciudadanos libres de actuar como autoridad electoral.

En el caso de los tribunales electorales, aplicar la fórmula propuesta por Olga Sánchez Cordero, en donde el Poder Judicial se hace cargo de proponer y el Legislativo de validar, tomando en consideración que se necesitan perfiles muy preparados y profesionales para impartir la justicia electoral.
Así las cosas, la reforma tiene cosas buenas y malas, desafortunadamente los partidos políticos y el presidente Obrador, están jugando al todo o nada, los acuerdos se empantanan y no ven lo mejor para el país.