Se acabarán privilegios para exgobernadores del EdoMéx
*Alberto Dzib*
Por unanimidad de votos, los integrantes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, con Procuración y Administración de Justicia en la LX Legislatura del Estado de México, aprobaron dejar sin efectos el decreto número 86 del 7 de mayo de 1993, que permitía a los exgobernadores de la entidad contar con una plantilla de 6 servidores públicos a su cargo.
Los representantes de los 7 grupos parlamentarios respaldaron la iniciativa presentada por la legisladora de Morena, Azucena Cisneros Coss, al considerar que la medida ayudará a que los recursos orientados al pago de personal para exmandatarios mexiquenses podrán ser utilizado en beneficio de los mexiquenses; por lo que, tras un breve análisis, enviaron el dictamen al pleno legislativo para que sea votado tentativamente la próxima semana en sesión extraordinaria.
En caso de que la iniciativa se apruebe y el decreto citado sea eliminado, los exgobernadores del estado dejarán de contar con el servicio de un jefe de ayudantes, con categoría de subdirector rango nueve, de un chófer ayudante con rango cinco, tres ayudantes con categoría de oficial de seguridad pública, nivel catorce, y una secretaria, con categoría de secretario particular nivel 27, rango nueve.
El coordinador de la bancada del PRI, Miguel Sámano Peralta, destacó que sus compañeros acompañan la decisión, derivado del reconocimiento de que, ante la situación que atraviesa el país, es necesario que se emprendan medidas de austeridad para eficientar el recurso, pero aclaró que la disposición únicamente contemplaba la prestación de personal y no de alguna pensión o dotación de dinero a quienes han sido gobernadores del estado.
Ante ello, se señaló que los exmandatarios mexiquenses no quedarán desprotegidos, ya que, en caso de requerir seguridad ante algún síntoma de amenazas o riesgo personal, podrán hacer la solicitud a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quien deberá proporcionar al personal suficiente para su salvaguarda.
La iniciativa para dejar sin efecto el decreto fue impulsada con base en el argumento de que su aprobación podría tener a nivel estatal los mismos efectos que la cancelación de las pensiones para los expresidentes de la República, en el entendido de que las personas al servicio de los exgobernadores tenían sueldos de entre 15 mil y 40 mil pesos, o más según su rango.
