Solicitud de información sobre el funcionamiento de las delegaciones federales: PAN
El grupo parlamentario del PAN entregó a la 60 Legislatura un punto de acuerdo que busca exhortar al Ejecutivo federal para que informe a la opinión pública sobre los avances del decreto del 30 de noviembre de 2018, relacionado con el funcionamiento de las delegaciones federales en los estados, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El documento, presentado por los diputados Karla Leticia Fiesco García y Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, precisa que este informe deberá presentarse a través de la coordinación general de programas para el desarrollo y bajo los principios de máxima publicidad y transparencia.
La diputada Karla Fiesco explicó al pleno que en el Estado de México existe incertidumbre sobre la funcionalidad de las delegaciones federales que eran la presencia de las secretarías del gobierno federal, debido a la contradicción entre las reformas de noviembre de 2018 y la determinación de no erogar ninguna partida presupuestal para estas; en la entidad se contaba con 77 delegaciones, gerencias regionales, institutos y coordinaciones federales.
El decreto mencionado establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal podían contar con oficinas de representación en las entidades federativas siempre y cuando, fuesen indispensables para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y contaran con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos.
La diputada señaló que, sin embargo, el 1 de mayo de 2019 la Secretaría de Hacienda solicitó el despido del personal contratado a partir del 1 de diciembre de 2018 en las delegaciones u oficinas de representación, las cuales además no fueron incluidas en el presupuesto de egresos de la federación para 2019.
Destacó el sentir social ante el hecho de que las medidas de austeridad traerán implícito el despido de trabajadores de confianza, y citó el caso de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en donde el mes pasado fueron cesados algunos trabajadores.
En este sentido, afirmó que el cambio institucional no puede ser contrario a los derechos de los ciudadanos ni causa de eliminación de programas y servicios de las dependencias federales que benefician a los mexiquenses, tampoco un justificante de despidos sin razón.
El punto de acuerdo fue remitido a las comisiones legislativas de gobernación y puntos constitucionales, de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y de combate a la corrupción y de desarrollo y apoyo social, para su estudio y dictamen.
