Alfonso Bravo.
La sociedad está, con razón, molesta con la denominada clase política. Quien hoy en día ostente un cargo público o esté afiliado a un partido político de inmediato es visto como persona no grata, se le imputa la calidad de corrupto y ratero.
Este enojo y calificativos respecto de quienes nos dedicamos a la política tiene muchas causas; los magros resultados que no cumplen las expectativas de la gente, el claro distanciamiento con el nulo diálogo que conlleva, la corrupción cínica y voraz, etc. Hoy me quiero referir a la corrupción ya que me parece es la que mayor hastío ha generado.
El gobierno de Peña Nieto ha sido escandaloso en este tema, los ejemplos son abundantes tanto en él como en sus colaboradores, no puedo dejar de mencionar a sus amigos gobernados del llamado nuevo PRI, los Duarte y Borge.
El sismo del pasado 19 de septiembre ha generado, además de la solidaridad, el reclamo a los partidos políticos para que los recursos públicos, que les son asignados, sean destinados a la reconstrucción; me parece un genuino planteamiento, dado el exceso de recursos que estos reciben y por tanto se deben disminuir de forma drástica sin desaparecer los mismos.
Sin embargo, para que el reclamo sea completo y eficaz, también hace falta la exigencia de transparencia y plena rendición de cuentas de los recursos que se utilicen para la reconstrucción, ya que estos serán administrados por el gobierno de Peña y nadie quisiéramos que tengan el mismo final que la cruzada contra el hambre.
