Más de 17 mil mdp para atender crisis hídrica del sureste mexicano
*Redacción Diario Evolución*
Un análisis realizado por expertos mexicanos reveló que para poder combatir los impactos del cambio climático y la creciente crisis hídrica, solo en el caso del sureste de México se necesita una inversión de al menos 17 mil millones de pesos en los próximos cinco años.
También sugieren un incremento del 30 por ciento en la inversión para infraestructura en las zonas rurales, con el objetivo de reducir las disparidades con las áreas urbanas; resalan la importancia de la región conformada por Veracruz, Chiapas y Tabasco por ser una de las más abundantes en términos hídricos y de biodiversidad en el país.
En el análisis ‘Retos y Oportunidades para la Seguridad Hídrica en el sureste de México: Chiapas, Tabasco y Veracruz’, resaltan que dichas entidades albergan más de 30 ecosistemas y los tres ríos más caudalosos de México, y en ella habitan 16 millones de personas y se produce más del 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Pero alerta que factores como la variabilidad climática, la deforestación y el cambio de usos de suelo impulsados por el crecimiento poblacional desordenado, el desarrollo industrial y la agricultura extensiva, así como la falta de infraestructura adecuada para el manejo del agua han derivado en problemas de escasez, contaminación y acceso desigual al recurso.
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Además, resaltan que es la región alta en riesgos hidrometeorológicos como inundaciones, sequías y erosión del suelo, debido a la falta de planificación e infraestructura adecuada, comprometiendo así la seguridad hídrica; por lo que, proponen cuatro pilares de la seguridad hídrica.
Estos pilares son suponen el brindar agua en cantidad y calidad adecuadas a las personas, los ecosistemas, las actividades productivas y garantizar la resiliencia de las comunidades ante los efectos del cambio climático; por lo que, se resalta que es necesario incrementar de manera progresiva los recursos federales y estatales para el sector hídrico.
También se identificaron la falta de reconocimiento jurídico a las organizaciones comunitarias, la desactualización de las leyes locales, las escasas capacidades técnicas de las instituciones regionales y los bajos niveles de inversión en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura que derivan en niveles de servicio de agua y saneamiento de hasta casi un 5 por ciento debajo del promedio nacional.
G.L.
