Diputados cuestionan iniciativa de Delfina Gómez para reducir penas; piden análisis profundo
*Redacción Diario Evolución*
Tras la polémica que ha surgido sobre la propuesta de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez sobre la reducción de penas en delitos que aquejan a la ciudadanía mexiquense como las extorsiones, homicidios, robos que causan la muerte y la eliminación de la prisión vitalicia, diputados de la Legislatura local han solicitado un análisis más profundo para evitar mandar un mensaje erróneo a la ciudadanía.
La iniciativa de Delfina Gómez establece penas máximas de 70 años en prisión en los delitos antes mencionados, con el objetivo de no afectar la reinserción social y responder a un principio de proporcionalidad; tras ello los diputados de Morena y el PAN expresaron que se está hablando de vidas y daños a las familias, por lo cual, solicitan un análisis más profundo.
Esto pese a que el encargo del Despacho de la Dirección General de Legislación, Javier de Jesús Domínguez González, indicó que la reforma deriva de varios casos judiciales y que “la severidad en extremo” no persigue los fines del derecho penal sancionador, sobre todo por la parte de la reinserción social.
Cabe señalar que la reforma también plantea que el homicidio calificado de dos o más personas y robo que cause la muerte de la víctima se sancione hasta con 55 años de prisión (15 años menos que la pena máxima actual); mientras que el delito de extorsión, en modalidades agravantes, alcanzaría hasta 40 años de prisión (30 años menos que la pena máxima actual).
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En el caso de la eliminación de prisión vitalicia, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) sí expresó su desacuerdo en disminuir la penalidad para feminicidas que causaron dolor a víctimas y sus familias por un delito que sigue lastimando a la sociedad; recordó que el Estado de México es primer lugar en homicidios, feminicidios y extorsiones, razón por la cual también solicitó una revisión exhaustiva de la propuesta.
Sin embargo, Alberto Cervantes Juárez, director general del Instituto de la Defensoría Pública estatal indicó que la imposición de penas debe responder a un principio de proporcionalidad, determinado por el derecho internacional y la SCJN; y resaltó que busca adecuar las penas a la realidad social, e indicó que se elimina la prisión vitalicia para establecer una pena máxima de 70 años en determinados delitos.
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