Buscan sacar muebles acumulados en desuso de instalaciones gubernamentales
*Redacción Diario Evolución*
Con el fin de que en las oficinas y bodegas de dependencias, organismos y entidades públicas, estatales y municipales sean liberadas de artefactos y equipo que ya no esté en uso, para generar un mejor entorno de trabajo y evitar la propagación de fauna nociva y contaminación, la diputada Arleth Stephanie Grimaldo Osorio propuso reformas para que estas dependencias realicen un programa anual de deschatarrización.
La iniciativa propone que cada año, el Ejecutivo estatal, por conducto de la Oficialía Mayor, así como los ayuntamientos se haga un inventario de todos los bienes inservibles que integran el patrimonio estatal o municipal para determinar su destino final tras su desincorporación en las oficinas y bodegas.
Se propuso que se reforme Ley de Bienes del Estado de México y Municipios, para que se considere como chatarra a todos los muebles ferrosos y no ferrosos, equipos y en general bienes no fungibles, en desuso, mal estado, obsoletos o con una vida útil mayor a 10 años de antigüedad, que se conservan en instalaciones como bodegas, terrenos o en espacios gubernamentales, pendientes de cumplir con los procedimientos administrativos para su desafectación, desincorporación y baja contable y de inventario .
En la reforma se exceptuarán de la declaración de baja de inventario y del procedimiento de disposición final el equipo en uso y buen estado, que no tenga sustitución, aunque cuenten con más de 10 años, así como el equipo con garantías en trámite, pendientes de resolver o presentar reclamo, al igual que el equipo que contenga materiales peligrosos para la población o el ambiente.
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De aprobarse la iniciativa, las dependencias, organismos y entidades públicas, estatales y municipales deberán justificar y exponer las razones de por qué desean deshacerse de todos esos muebles, mediante dictamen técnico, misma que podrá ser autorizada considerando los beneficios o utilidad que tenga la administración con el cambio respectivo.
Deberá procurarse que en la determinación del destino final se tenga en cuenta la obtención de un beneficio económico, que pueda ser aprovechado para la realización de las tareas de las administraciones públicas respectivas, mediante la creación de programas de presupuesto participativo.
Finalmente, mencionó que este proceso además de generar ingresos adicionales con su venta, ayuda a reducir residuos y el reciclaje de materiales contribuyen a la disminución de la huella de carbono y al uso sostenible de los recursos naturales.
A.C.
