Ley Anti Stickers de Morena busca cárcel por hacer memes que afecten a políticos y personas
*Redacción Diario Evolución*
En medio de casos donde varios políticos se han lanzado contra periodistas y ciudadanos que han terminado en que estos últimos se disculpen como el caso Dato Protegido, un diputado de Morena ha propuesto hasta nueve años de cárcel por la creación y difusión de memes, stickers y deepfakes sin consentimiento, con el objetivo de dañar la reputación de un funcionario público o persona.
Aunque su objetivo declarado es combatir el ciberacoso y el uso malicioso de la inteligencia artificial (IA), expertos y organizaciones advierten que podría vulnerar la libertad de expresión; esta iniciativa es ya llamada Ley Anti-Memes, y fue presentada por el legislador Armando Corona Arvizu, busca reformar el Código Penal Federal con el fin de sancionar el uso no autorizado de dicho contenido.
La iniciativa propone incorporar dos nuevos artículos y estos son: Artículo 211 Bis 8, que establece penas de tres a seis años de prisión y multas de 300 a 600 días a quien cree, transforme o difunda contenidos digitales sin consentimiento, con fines de afectación; y el Artículo 211 Bis 9: considera agravantes cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad o servidor público, o si la difusión es masiva o genera daño comprobable en la vida personal, laboral o psicológica de la víctima, por lo que, la sanción aumentaría hasta en la mitad.
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Tras esto, internautas se han lazando en contra del diputado y contra Morena a quienes acusan que con esta ley disfrazada de acabar con el ciberacoso, está en caminada a proteger a los funcionarios más que a la ciudadanía, cuestionado que dónde queda la crítica política legítima o él humor satírico, y que por ende, es que con ello solo buscan censurar para blindarse de críticas y burlas.
A las críticas de los internautas a esta nueva propuesta de ley, se suman las organizaciones como Artículo 19 que han advertido que este tipo de reformas pueden abrir la puerta a la censura y al uso discrecional de la ley por parte de funcionarios públicos; mientras que, especialistas y defensores de derechos humanos, señalan que se trata de un retroceso en materia de libertad de expresión.
Según el Inegi, en 2024 más de 18.8 millones de personas fueron víctimas de ciberacoso, problema que requiere atención pero que, según defensores de derechos digitales, no debe abordarse con medidas que puedan derivar en represión del discurso en línea.
G.L.
