Madre de Lili acusa que policía de Toluca que la atropelló y mató está en libertad
*Fernanda Rodríguez*
Una fianza de 150 mil pesos le fue impuesta a Eduardo “N”, elemento del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Dirección de Seguridad Pública y Protección de Toluca, para quedar en libertad tras el homicidio imprudencial cometido contra Luisa Fernanda el pasado 30 de octubre en el cruce de avenida Las Torres y Pino Suárez.
Verónica Manjarrez, madre de Lili, destacó que desde el accidente la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) le brindó apoyo psicológico y jurídico, así como el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
Sin embargo, refirió que posterior a una audiencia el día de ayer con el titular de la fiscal general de Justicia del Estado de México (FGJEM) y después de las declaraciones del presidente municipal, Ricardo Moreno durante su conferencia semanal, se presentó personal del Ayuntamiento para extenderle el apoyo, lo cual rechazó porque este hecho esta plagado de irregularidades y le arrebató a su hija.
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“El seguro se presentó cuando supieron que tendríamos reunión con el fiscal; antes no habían pagado ni los medicamentos de Lucero, una de las sobrevivientes y ellos le hicieron firmar el perdón a cambio de brindarle servicio médico particular”, agregó la madre de Lili.
Aseguró que el Ayuntamiento de Toluca se encargó de violar la cadena de custodia, al pasar como civil a una elemento de la corporación municipal para sacar algunas evidencias de la camioneta Tahoe con cromática del GOE, las cuales colocó en una bolsa tipo bandolera que portaba.
Además, consideró como intimidatorio el despido de un elemento de Protección Civil y Bomberos que auxilió a las víctimas durante el accidente, pues solo han tratado de evadir su responsabilidad; la madre de Lili busca justicia, no indemnización.
Sostuvo que los abogados, han mencionado que el Código Penal del Estado de México, en su artículo 61, establece que cuando el homicidio culposo ocurre al conducir un vehículo, la sanción va de tres a doce años de prisión, además de multa y suspensión del derecho a conducir. Sin embargo, cuando se trata de un vehículo oficial o de servicio público, como una patrulla, la sanción se agrava debido a la responsabilidad especial del conductor.
