SCJN aplaza discusión del aborto hasta 6 semanas en Aguascalientes; feministas advierten retroceso
*Redacción Diario Evolución*
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió aplazar de manera indefinida el debate sobre la reducción del límite para la interrupción legal del embarazo (IVE) en Aguascalientes, donde el Congreso estatal aprobó que en lugar de 12 semanas fuera de seis.
Esta decisión generó preocupación entre colectivos feministas y organizaciones civiles, quienes esperaban que la Corte discutiera la acción de inconstitucionalidad promovida en 2024 por el Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), contra partes del Código Penal de Aguascalientes y una ley estatal relacionada con la protección de la vida desde la concepción.
La directora de la organización Católicas por el Derecho a Decidir México, Aidé García Hernández, manifestó que la postergación de este debate mantiene en la indefinición legal y médica a las mujeres de Aguascalientes, puesto que no podrán ejercer plenamente su derecho a decidir sobre su cuerpo.
A García le pareció delicado este retraso en la resolución puesto que en teoría los ministros elegidos por voto popular son de corte progresista. “Tiene que dar señales diferentes y tiene que dar una señal de ser una Corte progresista, que defiende los derechos humanos y que es congruente con todo el discurso y la narrativa que ha construido”, manifestó.
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Recordó que la corte declaró en 2023 la despenalización del aborto en México, además de obligar a los Congresos estatales de modificar sus leyes para permitir la IVE hasta la semana 12. Si bien desconoce el motivo por el que la Suprema Corte retiró de su lista la acción de inconstitucionalidad, se presumen presiones de la Iglesia católica y del Partido Acción Nacional (PAN), fuerza política históricamente dominante en Aguascalientes.
Además, García consideró que al ser una de las entidades más “conservadoras” del país, la Iglesia ejerce una influencia constante en decisiones relacionadas con justicia y derechos humanos, pese a que estas acciones violan la laicidad del Estado, por lo que subrayó que el caso es una oportunidad para que a nueva integración de la Corte confirme su carácter progresista al declarar como inconstitucional la reducción del plazo para la IVE.
