Aprueban en comisiones nueva ley y reformas para perseguir la extorsión de oficio en EdoMéx
*Redacción Diario Evolución*
El delito de extorsión en el Estado de México será perseguido de oficio, luego de la aprobación en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense de las iniciativas de los legisladores Elías Rescala Jiménez y Mariano Camacho San Martín, coordinador y miembro del Grupo Parlamentario del PRI, respectivamente, y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Como parte de las reformas que se hicieron para aprobar la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados del Estado de México, se encuentran la derogación del delito de extorsión como tipo penal del Código Penal estatal, debido a que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión (reglamentaria de la fracción xxi del artículo 73 de la Constitución federal) lo incorpora y establece las sanciones respectivas, así como modificaciones a la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Esta última faculta a la Fiscalía estatal instaure una Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro, encargada de investigar estos hechos, con personal capacitado, evaluado y con la certificación y especialización requeridas, conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Con la nueva ley, también se contempla la creación del Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión que implementará mecanismos y procedimientos para la recepción, atención y seguimiento de denuncias, así como el fortalecimiento de los mecanismos de vinculación con la población para orientarla e informarle que debe realizar para prevenir este delito.
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Además, los centros penitenciarios del Estado de México contarán con un plazo de 150 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del decreto, para establecer procedimientos y tecnologías de inhibición de entrada y salida de llamadas de telefonía celular, radiocomunicación y transmisión de voz, datos o imagen.
Emma Laura Álvarez y Ruth Salinas advirtieron que siguen pendientes los mecanismos para evitar que servidores públicos y elementos policías participen en actos de extorsión o que haya el riesgo de una burocratización innecesaria y la persistencia de la cifra negra.
A.C.
