Avance de asuntos jurídicos para dar certeza legal a escuelas del EdoMéx aún es insuficiente
*Luis Ayala Ramos*
Un total de 210 asuntos jurídicos relacionados con la regularización de inmuebles escolares han sido atendidos en 70 municipios del Estado de México, como parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) para otorgar certeza legal a los planteles y fortalecer el patrimonio educativo estatal; se alerta que sigue siendo insuficiente.
De octubre de 2023 a la fecha, la SECTI ha brindado asesoría jurídica, trámite y seguimiento a estos 210 casos, con el objetivo de garantizar la propiedad legal de los predios donde operan centros de educación básica y media superior a favor del Gobierno del Estado de México.
El titular de la SECTI, Miguel Ángel Hernández Espejel, destacó que contar con certeza jurídica sobre los inmuebles escolares permite planear, ejecutar y ampliar obras de infraestructura educativa, además de prevenir riesgos legales que históricamente han limitado la inversión pública en diversos planteles.
Como resultado de las gestiones realizadas, se obtuvieron 29 Certificados de Posesión y una Inmatriculación Administrativa, documentos que representan avances relevantes dentro de los procesos de regularización de predios que durante años operaron sin respaldo legal pleno.
En entrevista, la doctora en Derecho Elena Cesario Avilés explicó que la regularización de inmuebles escolares es un tema clave para la administración pública, ya que la falta de documentos legales impide al Estado invertir recursos en obras educativas. “La certeza jurídica es una condición indispensable para cualquier acción de gobierno en materia de infraestructura escolar”, señaló.
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La especialista indicó que uno de los principales problemas que enfrentan las escuelas es que muchas fueron construidas en terrenos donados de manera informal o sin cumplir con los procedimientos legales. “Esto genera un rezago que se acumula por décadas y que hoy se intenta corregir mediante estos procesos de regularización”, apuntó.
Cesario Avilés subrayó que las escuelas ubicadas en terrenos ejidales o comunales enfrentan procesos más complejos, al requerir la intervención de autoridades agrarias y acuerdos comunitarios. “Sin acompañamiento institucional, estos trámites pueden prolongarse por años y dejar en vulnerabilidad jurídica a los planteles”, advirtió.
La jurista agregó que la falta de certeza jurídica también expone a las comunidades escolares a conflictos de propiedad, juicios o incluso a la pérdida del inmueble. “No se trata solo de papeles, sino de proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes a estudiar en espacios seguros y estables”, sostuvo.
Además de la SECTI, en los procesos de regularización participan instancias como la Oficialía Mayor, el Instituto de la Función Registral del Estado de México, el Registro Agrario Nacional, áreas de Desarrollo Urbano y los ayuntamientos, con el fin de resolver de manera integral la situación legal de los predios escolares.
Finalmente, la doctora Elena Cesario Avilés consideró que la atención de 210 asuntos jurídicos representa un avance importante, aunque insuficiente frente al rezago histórico. “La regularización de inmuebles escolares debe asumirse como una política permanente, porque de ello depende la posibilidad real de mejorar la infraestructura educativa y garantizar certeza jurídica a largo plazo”, concluyó.
