Alcaldesa de El Oro continuará en el cargo; habitantes convocan a manifestación
*Redacción Diario Evolución*
Luego de una mesa de negociaciones entre el cabildo de El Oro y el gobierno del Estado de México se acordó que por ahora permanecerá la alcaldesa de Morena, Juana Díaz Peñaloza como presidenta municipal pese a las acusaciones en su contra que van desde posible corrupción hasta desvío de recursos públicos; sin embargo, se especificó que su administración operará bajo supervisión directa del gobierno que encabeza Delfina Gómez.
Algunos de los acuerdos alcanzados en lo que sería la tercera mesa de negociaciones están las auditorias en curso del OSFEM y la Contraloría en relación con el manejo de los recursos públicos –hay ocho denuncias interpuestas por los regidores y el síndico municipal-, también el cambio del 90 por ciento del gabinete municipal; se pide que los nuevos funcionarios sean originarios del Pueblo Mágico.
También se solicitó que los nuevos funcionarios trabajarán con asesorías del Ejecutivo estatal; las y los regidores al igual que el síndico permanecerán en sus cargos; y la destitución de la alcaldesa de El Oro quedó descartada, por ahora, esto pese a que es la primera demanda no solo de los funcionarios de dicho municipio, sino también de las y los ciudadanos.
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La alcaldesa y los miembros del cabildo fueron citados para este martes 27 de enero del año en curso a mediodía en Palacio de Gobierno en Toluca para firmar una minuta donde se establezcan cada uno de los compromisos por ambos bandos; sin embargo, esta noticia no fue bien recibida por las y los ciudadanos, quienes exigen a Delfina Gómez la destitución de la alcaldesa y anunciaron protestas para dicho día, y exigen claridad en las finanzas, sin que por ahora se conozca más información de dicha movilización.
En días pasados, los ediles denunciaron ante el Gobierno estatal el uso indebido de programas sociales, bienes y personal municipal, la compra de voluntades para manipular al Cabildo, fraude y presuntas irregularidades ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la clausura del rastro municipal tras haber convertido el predio, de manera indebida, en un basurero.
Entre los señalamientos más graves destacan el presunto desvío de recursos públicos operado en coordinación con el párroco local, el cierre ilegal y sin sustento del paraje “El Bajón”, el financiamiento de fiestas privadas con erario público, y la adquisición de camionetas de lujo y propiedades millonarias sin justificación oficial.
G.L.
