Emite CODHEM dos recomendaciones al Ayuntamiento de Toluca
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió las Recomendaciones 01/2026 y 02/2026, ambas dirigidas al ayuntamiento de Toluca, tras acreditarse que existieron violaciones a derechos humanos por parte de elementos de seguridad pública municipal, durante la marcha del 2 de octubre de 2025 realizada en la capital mexiquense.
Víctor Leopoldo Delgado Pérez, presidente de esta Comisión, presentó los resultados de una detallada investigación, en la cual, personal de la Primera y Segunda Visitadurías Generales, solicitaron informes, recabaron las evidencias y testimonios necesarios para establecer que se vulneró el derecho humano a la manifestación pacífica, así como el derecho a la protección contra toda forma de violencia y a la libertad de expresión en contexto del ejercicio periodístico.
El ombudsperson estatal aseveró que estas resoluciones no pretenden desacreditar a las instituciones, ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas, por el contrario, deben concebirse como un instrumento indispensable en la sociedad democrática y el Estado de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad y apego a la normatividad en sus actuaciones, ajustándose a una perspectiva con enfoque de derechos humanos.
Las recomendaciones, explicó, derivaron de una investigación de oficio, sobre los acontecimientos que se hicieron del conocimiento público a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Posteriormente se recabaron las quejas de manera directa, obtenidas de personas de la sociedad civil y periodistas que asistieron a la CODHEM para expresar sus inconformidades.
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Por lo que corresponde a la Recomendación 01/2026, la Primera Visitadora General, Luz María Islas Colín, detalló que al concluir las indagatorias de las manifestaciones ocurridas el 2 de octubre de 2025, se encontró que elementos de seguridad pública municipal ejercieron actos de violencia en contra de cinco víctimas y con ello vulneraron sus derechos a la libertad de manifestación pacífica, la integridad y seguridad personal y a no ser sometidos al uso desproporcionado de la fuerza pública.
Por ello, este Organismo recomendó al Ayuntamiento de Toluca tramitar la inscripción de las personas afectadas al Registro Estatal de Víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), para que accedan a los derechos y apoyos de ley, así como a atención médica y psicológica, hasta su total rehabilitación.
De igual manera, las autoridades municipales deberán realizar una planeación previa de sus operativos, atendiendo en todo momento la legalidad y el respeto a los derechos humanos; elaborar un protocolo de actuación que contemple la aplicación de la perspectiva de género, la protección de personas defensoras de derechos humanos, observadoras y periodistas, además de regular el uso de la fuerza, establecer mecanismos de control y rendición de cuentas.
Deberá darse capacitación y formación en derechos humanos a su personal para la gestión pacífica de conflictos y finalmente, anexar la recomendación a los expedientes de los policías responsables, entre otras.
La Recomendación 02/2026, afirmó el Segundo Visitador General, Miguel Ángel Cruz Muciño, determinó violación a los derechos humanos de las personas periodistas, por acción y omisión de parte de elementos municipales de Toluca, específicamente a la protección contra toda forma de violencia y a la libertad de expresión.
Además de ello, deberá el ayuntamiento establecer la prohibición absoluta de obstaculización o incautación de material, el respeto a la no identificación formal, la aplicación de perspectiva de género y que la autoridad de la capital mexiquense reconozca en su Bando municipal, la vulnerabilidad del gremio periodístico y el valor de la libertad de expresión en todas sus vertientes.
Esta Comisión está segura de que, garantizar el respeto a los derechos humanos no es una posición que se negocia, se exige y a partir de ello, se cuentan con instrumentos como las recomendaciones para marcar límites, garantizar la no repetición y salvaguardar los derechos de las personas.
