domingo, noviembre 15, 2026
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Exigen libertad para Lupita, mujer otomí de Temoaya víctima de la fabricación de delitos

*Fernanda Rodríguez*

Foto: Fernanda Rodríguez.

El Estado de México tiene una deuda profunda con María Guadalupe González Martínez, una mujer otomí originaria de Temoaya cuya libertad fue arrebatada por un sistema que, lejos de protegerla, ha reproducido el racismo, el clasismo y la violencia institucional.

Su historia es el reflejo de una justicia ciega a la interseccionalidad, donde ser mujer e indígena se convierte en una agravante silenciosa frente a las instituciones.

Todo comenzó en 2017, cuando Lupita decidió separarse de su esposo tras sufrir violencia en la comunidad de Llano de la Y, en Temoaya; sin embargo, el punto de quiebre ocurrió el 11 de noviembre de 2021, al solicitar formalmente la pensión alimenticia, la guardia y custodia de sus hijos.

La respuesta de su expareja no se hizo esperar: el uso del aparato judicial como un arma de control. Desde enero de 2022, Lupita se convirtió en blanco de una estrategia de violencia vicaria y acoso judicial. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió tres carpetas de investigación basadas en testimonios falsos: tentativa de feminicidio contra la actual pareja de su exesposo, abuso sexual contra uno de sus propios hijos y secuestro.

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El 4 de julio de 2022, esta fabricación de delitos culminó en su detención. A pesar de la gravedad de las acusaciones, la verdad comenzó a abrirse paso lentamente: Lupita fue absuelta de los cargos de abuso sexual y de tentativa de feminicidio.

No obstante, el delito de secuestro igualmente fabricado, derivó en una sentencia injusta que hoy la mantiene tras las rejas, sumando ya 473 días privada de su libertad, lejos de sus padres y sus hijos que claman por su regreso.

El proceso ha estado plagado de irregularidades que evidencian la falta de un enfoque de derechos humanos. Como mujer indígena, María Guadalupe enfrentó un juicio sin el apoyo de un traductor de su lengua materna y bajo la mirada de juzgadores que omitieron la perspectiva de género y la interpretación intercultural.

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