EdoMéx castigará con hasta 10 años de prisión la omisión en delitos de género
*Redacción Diario Evolución*
La LXII Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad la iniciativa “Mariana Lima Buendía“, una reforma histórica que busca combatir la impunidad y la corrupción en la investigación de delitos de género. La nueva legislación impondrá hasta 10 años de prisión a las personas servidoras públicas de procuración y administración de justicia que incurran en omisiones, negligencia u obstrucción de la justicia en perjuicio de los derechos de las víctimas.
El dictamen, impulsado por la diputada Jennifer Nathalie González López, modifica el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la entidad. Las sanciones fijadas van de cuatro a 10 años de cárcel, de 100 a 150 días multa, así como la destitución inmediata e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, la reforma obliga a la Fiscalía a investigar todas las muertes violentas de mujeres y niñas bajo el protocolo de feminicidio y con una estricta perspectiva de género.
Este decreto adopta formalmente los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su sentencia de marzo de 2015. Dicho fallo histórico derivó de la incansable lucha de Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, quien fue víctima de feminicidio en Chimalhuacán en el año 2010. La resolución judicial original resolvió reabrir el caso tras haber sido cerrado bajo deficiencias institucionales, marcando un precedente obligatorio para todo el país.
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Durante la sesión del Congreso local, la legisladora enfatizó que la propuesta nació del dolor y el caminar de múltiples familias y colectivos que han enfrentado un sistema hostil. Subrayó que el alcance de la ley no es únicamente punitivo, sino que persigue un cambio estructural y cultural dentro de las fiscalías y juzgados, garantizando que el acceso a la verdad y la reparación del daño no dependa de interpretaciones aisladas de los funcionarios en turno.
El marco normativo actual del Estado de México ya contempla penas severas para los agresores directos, castigando el feminicidio y el transfeminicidio con 40 a 70 años de prisión. Con la integración de esta nueva reforma, el entramado legal mexiquense busca cerrar la brecha de la impunidad institucional, blindando los procesos de investigación contra la indolencia y garantizando la debida diligencia desde el primer momento.
G.L.
