Congreso aprueba nueva Ley de la UAEMéx que democratiza la rectoría y blinda la gratuidad
*Redacción Diario Evolución*

El Congreso del Estado de México aprobó de forma histórica la expedición de una nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMÉX), una reforma que abroga la legislación vigente desde 1992. El nuevo marco normativo, impulsado por iniciativas de las bancadas de morena y Movimiento Ciudadano (MC), así como de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, busca transformar a la máxima casa de estudios mexiquense para adaptarla a los retos y necesidades contemporáneas de su comunidad.
Uno de los cambios más profundos de esta legislación es la democratización en la elección de sus autoridades. A partir de ahora, la persona titular de la rectoría y quienes dirijan los espacios académicos serán elegidos mediante sufragio personal, directo, libre y secreto de la comunidad universitaria. Los votos se contabilizarán por sector —alumnado, personal académico y administrativo— bajo la ponderación del Estatuto Universitario, y los procesos serán organizados y validados por el nuevo Órgano Electoral Universitario.
Para garantizar una gobernanza equitativa, la ley reestructura el Consejo Universitario, máxima autoridad de la institución, asegurando la paridad en la representación entre el alumnado y el personal académico. El consejo quedará integrado por un total de 223 personas consejeras, entre las que se incluyen la rectoría, directores de facultades y escuelas, representantes sindicales, así como un representante de los profesores y dos de los estudiantes por cada espacio académico.
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En sintonía con las políticas federales de educación, la reforma mandata la gratuidad progresiva de los servicios educativos mediante la eliminación paulatina de las cuotas de inscripción y reinscripción. Para cumplir con esta disposición sin arriesgar la sostenibilidad financiera, la UAEMéx deberá publicar, en un plazo de 180 días naturales, un plan de acción anual que incluya diagnósticos financieros y metas claras de disminución de cobros, los cuales no podrán ser sustituidos por otros conceptos equivalentes.
Asimismo, la nueva ley da origen al Sistema de Ética y Justicia Universitaria, un órgano independiente encargado de prevenir, conocer y sancionar las faltas disciplinarias y de responsabilidad interna. Este sistema priorizará el uso de mecanismos alternativos como la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, siempre que la naturaleza de los casos lo permita y no se trate de faltas administrativas graves que deban turnarse a las leyes estatales.
Además, la legislación introduce un sistema de bienestar integral centrado en la salud física y mental, la seguridad contra las violencias y la inclusión de grupos vulnerables, junto con un programa de accesibilidad física y digital que deberá implementarse en un máximo de 365 días. Para asegurar la vigencia a largo plazo de estos avances, el texto legal establece que la institución deberá realizar una consulta interna cada diez años con el fin de actualizar sus normativas de cara al futuro.
G.L.
