Anuar Azar va por regular portación de armas para garantizar legítima defensa
*Fernanda Rodríguez*
Con el objetivo de brindar una alternativa legal de protección a la ciudadanía frente a la delincuencia, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México y diputado local, Anuar Azar Figueroa, presentó la propuesta del Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana y la Legítima Defensa.
“La iniciativa busca regular la portación de armas de fuego para personas que cumplan con controles estrictos, permitiendo que sectores vulnerables, como las madres solteras capacitadas en su uso, cuenten con tranquilidad en sus hogares y la capacidad de disuadir delitos que pongan en riesgo la vida de sus familias o su patrimonio en situaciones de extrema amenaza”, destacó el diputado panista.
El legislador aclaró que la medida no busca la venta generalizada ni indiscriminada de armamento, sino establecer un protocolo riguroso. Entre las exigencias planteadas para obtener el permiso destacan la ausencia de antecedentes penales, la aprobación de exámenes psicológicos, capacitación obligatoria y evaluaciones periódicas.
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Asimismo, refirió que se contempla la implementación de un registro de huella balística para cada arma, vinculando directamente el artefacto con su propietario para garantizar un uso responsable ante la ley.
“Para afinar la propuesta, se llevará a cabo un recorrido de al menos seis meses por diversos congresos locales del país, comenzando en entidades como el Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes y Chihuahua” detalló Azar Figueroa. Añadió que en esas sedes se organizarán foros de discusión plurales con la participación de médicos, científicos, psiquiatras, juristas penalistas y expertos en seguridad.
El panista abundó que las aportaciones recabadas en estas mesas de trabajo servirán para integrar un proyecto sólido de reformas al Código Penal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, buscando además un mecanismo para ordenar los cerca de 15 millones de armas que actualmente circulan de forma irregular en el país, de un total estimado de 19 millones en manos de particulares.
