Aplazamiento de elecciones judiciales a 2028 no resuelve reforma judicial: BMA
*Redacción Diario Evolución*
Mientras en el Congreso se alista la reforma para mover las elecciones judiciales a 2028, a fin que no se junten con las elecciones federales donde se votarán gubernaturas, alcaldías y diputaciones, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados lanzó un pronunciamiento al señalar que el aplazamiento no corrige los problemas estructurales de la reforma judicial.
A través de un comunicado, expresó que la legitimidad democrática de los jueces no deriva de su popularidad electoral, sino de su independencia, imparcialidad, capacidad técnica y sujeción estricta al orden constitucional, además que la protección y los derechos humanos no depende de que un juzgador hay sido electo mediante voto popular, sino de que sus decisiones sean previsibles, profesionales, autónomas y fundadas en derecho.
Señaló que los cargos de jueces y magistrados exigen preparación técnica, independencia, experiencia judicial y conocimiento profundo de la ciencia del Derecho, situación que omite la iniciativa, ya que continúa con la sustitución progresiva del sistema de carrera judicial que se basa en el mérito, exámenes, experiencia y especialización.
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También indicó que la impartición de justicia no puede equipararse a un ejercicio de representación política, ya que un juez constitucional o un magistrado federal no pueden ser delegados de intereses mayoritarios, ni operadores políticos, por lo que debilitar los estándares técnicos de integración del Poder Judicial compromete la calidad y temporalidad de las resoluciones judiciales y erosiona la confianza en las instituciones.
Asimismo advirtió que la incertidumbre derivada por las modificaciones al sistema judicial ha afectado las condiciones para la inversión nacional y extranjera, y la iniciativa no ofrece mecanismos eficaces para fortalecer dichas condiciones, sino al contrario, incrementa la percepción de incertidumbre respecto de la imparcialidad y profesionalización de quienes tendrán a su cargo la resolución de conflictos de alta complejidad, regulatoria y constitucional.
Por ello, hace un llamado a que cualquier modificación al sistema judicial mexicano se construya mediante un diálogo, amplio, técnico y plural, que priorice el fortalecimiento del Estado de Derecho, la independencia y la seguridad jurídica como condiciones indispensables para la democracia constitucional y el desarrollo económico del país.
A.C.
