Avanzan penas de hasta 36 años de prisión por violencia ácida o química en EdoMéx
*Redacción Diario Evolución*
En un avance significativo para los derechos de las mujeres, las comisiones unidas del Congreso del Estado de México avalaron reformas legislativas que permitirán sancionar la violencia ácida o química con penas de hasta 36 años de prisión. Esta histórica modificación al Código Penal estatal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México busca reclasificar estas agresiones de raíz, asegurando que dejen de ser tipificadas como lesiones simples y se persigan con la máxima gravedad jurídica.
El dictamen aprobado establece una sanción base de hasta 15 años de cárcel y de 200 a 500 días de multa para quien cause lesiones dolosas a mujeres, niñas o adolescentes utilizando ácidos, sustancias corrosivas, químicas o líquidos a altas temperaturas. Asimismo, si el ataque llega a provocar una desfiguración permanente en el rostro, cabeza, cuello, mamas o genitales, o si ocasiona la pérdida o disminución definitiva de un órgano o sentido, las penas ascenderán de inmediato hasta los 20 años de prisión.
La severidad de las condenas incrementará sustancialmente bajo ciertas agravantes específicas que contempla el nuevo decreto. Si el delito es cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, o si entre el agresor y la víctima existe un vínculo de parentesco, convivencia, relación laboral, docente o sentimental, las penas máximas se elevarán a 22.5 y 30 años de cárcel respectivamente. Al acumularse con las sanciones ya existentes para lesiones que ponen en peligro la vida, el castigo total podrá alcanzar el tope de 36 años, obligando además a que el delito se persiga de oficio.
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Este logro legislativo es el resultado de la unificación de diversas iniciativas presentadas por las diputadas Zaira Cedillo Silva y Nelly Brígida Rivera Sánchez, de Morena, así como de la bancada del PRD coordinada por Omar Ortega Álvarez, y las propuestas ciudadanas de la Fundación Carmen Sánchez. Las legisladoras promoventes coincidieron en que este es un momento de justicia humana que obligará al sistema de salud y de procuración de justicia a dar una atención integral a las víctimas, evitando que sus casos queden en la impunidad o se pierdan en los escritorios ministeriales.
Durante el debate en comisiones, la diputada Zaira Cedillo aportó datos alarmantes provistos por la organización civil, los cuales indican que en el 85 por ciento de los casos registrados de violencia química el agresor fue la pareja o expareja de la mujer afectada. Ante esta cruda realidad, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, presidida por la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio, enfatizó que el endurecimiento de las penas envía un mensaje contundente de que las mexiquenses no están solas y que se castigará con todo el peso de la ley a quienes destruyan la integridad de una mujer.
Por su parte, las activistas y sobrevivientes Carmen Sánchez y Ximena Canseco Michel expresaron que, aunque la tipificación de la violencia química es un paso indispensable, la respuesta del Estado no debe limitarse únicamente al ámbito penal punitivo. Respaldadas también por observaciones de la diputada Araceli Casasola, insistieron en la urgencia de implementar medidas de reparación del daño que incluyan rehabilitación psicosocial, atención médica especializada continua, apoyos para la reinserción laboral y educativa, y un estricto control sobre la venta de sustancias corrosivas.
Además, incorpora el concepto de violencia ácida o química, como toda acción que utilice ácidos, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables, compuestos químicos, líquidos a altas temperaturas, álcalis, gases, explosivos, reactivos o cualquier otra sustancia análoga para causar daño físico, desfiguración, discapacidad, dolor o sufrimiento, o que exponga a la mujer a dicho riesgo, o ponga en peligro la vida.
G.L.
