Cada vez son más los municipios que reconocen el trabajo de periodistas y se suman a las acciones de protección
Además del Poder Ejecutivo, suman 18 los gobiernos municipales que han aceptado la Recomendación General 1/2019 sobre la Situación de las Personas que ejercen el Periodismo y la Comunicación en Medios, informó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera García, expresando su repudio a las agresiones contra el sector.
Explicó que a más de tres meses de haber sido dirigida al Poder Ejecutivo, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y a los 125 Ayuntamientos mexiquenses, los gobiernos municipales de Tlalnepantla, Toluca, San Felipe del Progreso, Cuautitlán, Donato Guerra, Tequixquiac, Naucalpan, San Mateo Atenco, Cocotitlán, Nicolás Romero, Temascalcingo, Tenancingo, Ecatzingo, Aculco, Morelos, La Paz, Melchor Ocampo y Jocotitlán, son los únicos que han manifestado su compromiso con la protección a periodistas y comunicadores.
Al referirse al objetivo de la Recomendación General, Olvera García reiteró que éste es de índole preventiva, ya que la seguridad de las y los periodistas en el ejercicio de su libertad de expresión y de prensa, así como del derecho acceso a la información, no pueden ser sujetos a censura ni limitarse a la adopción de medidas de reacción después de que hayan ocurrido agresiones, sino que deben generarse mecanismos de protección y prevención, además de los respectivos protocolos de atención.
En ese sentido, a través de la Secretaría General, la Codhem brinda capacitación a personas servidoras públicas de las áreas que tienen mayor relación con quienes ejercen el periodismo y la comunicación; y, a través de la Visitaduría Adjunta de Atención a Periodistas, da seguimiento a las investigaciones de oficio y quejas presentadas en este tema ante el organismo defensor.
Por último, recordó que la Defensoría de Habitantes atiende a las y los periodistas y comunicadores a través de la aplicación para teléfonos móviles @Codhem Per, un mecanismo de proximidad ante cualquier vulneración a sus derechos humanos durante el ejercicio de su función, en la que pueden iniciar quejas y recibir asesoría.
