CASTIGARÁ FEDERACIÓN DESVIÓ DE 50 MDP DE GONZALO ALARCÓN

Javier Mtz. Ferrusca

GONZALO ALARCON BARCENA

Derivado de un probable desvió de recursos, el Ministerio Público de la Federación integró la Averiguación Previa número AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/II/154/2010 en contra del ex presidente municipal panista de Atizapán de Zaragoza Gonzalo Alarcón Bárcena, el ex secretario del mismo municipio, Wilfrido Torres González, y el ex tesorero Alberto Torres Almeida, quienes estuvieron en funciones en el trienio 2006-2009.

Las autoridades federales, determinaron que hay suficientes elementos por los delitos de fraude, robo y enriquecimiento indebido. La indagatoria ya está integrada y perfeccionada y, por ende, el Ministerio Público de la Federación determinó ejercer acción penal en contra de Alarcón Bárcena, Torres González y Torres Almeida, según se desprende del pliego de consignación presentado ante la autoridad judicial del fuero federal, por lo que se espera que en los plazos que establece la ley, se libren las órdenes de aprehensión y se logre la detención de estos delincuentes.

El origen de la denuncia se determina luego de que en el año 2008, Gonzalo Alarcón celebro un contrato de inversión  bursátil como alcalde a Atizapán con Casa de Bolsa S.A de C.V, Grupo Financiero Interacciones, con número de contrato 100060247, con un importe de 50 millones de pesos.

Pero al cierre del 31 de diciembre del año 2009 el estado de cuenta entregado al municipio de Atizapán por Interacciones Casa de Bolsa, reflejo la disminución de  50 millones 58 mil 867 pesos, por lo cual, la Auditoría Superior de la Federación consideró que la inversión hecha Alarcón Bárcena, fue irregular y violatoria de diversas disposiciones legales.

El asunto se detecta gracias a la revisión de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación en el año 2010,  Desde esa fecha, los actores evadieron la acción de la justicia mediante subterfugios jurídicos, promoviendo juicios de amparo e incluso alegaron falta de competencia de las autoridades judiciales federales y locales con la finalidad de retrasar el ejercicio de la acción penal.

Ante el perfeccionamiento de la indagatoria se hará justicia, pues por este delito, además de la pena privativa de libertad, se obligará a Alarcón y sus cómplices a reparar el daño; esto es, a restituir el dinero público que le fue hurtado a los atizapenses.

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