jueves, mayo 7, 2026
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Conceden amparo al extitular de la SSP Sinaloa para evitar extradición a EU

*Redacción Diario Evolución*

Foto: Especial.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, obtuvo un amparo del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, para evitar ser detenido o extraditado tras ser acusado por el gobierno de Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la fracción de Los Chapitos.

Fue señalado junto con el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya: alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez; el senador Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal general con licencia Dámaso Castro; los ex jefes de la Policía de Investigación de la FGE, Marco Antonio Almanza y Alberto Jorge Contreras Núñez; el exsubdirector de la Policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, y el excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.

La suspensión del juicio de amparo 539/2026 fue concedida por el juez Rafael Linares Rivera y estará vigente hasta la audiencia constitucional programada para el 1 de junio de 2026. La resolución ordena suspender cualquier acto de extradición, detención provisional, aseguramiento o localización con fines de entrega a otro país, mientras se resuelve el juicio de garantías.

Diario Evolución recomienda:

“Se suspende de plano y de oficio la extradición del quejoso Gerardo Mérida Sánchez o cualquier acto tendiente a ejecutar alguna orden de detención provisional, aseguramiento, localización o cualquier otro acto que pudiera existir con fines de llevar a cabo la extradición de la persona quejosa a algún Estado extranjero hasta la solución total de este juicio de garantías”, señala el documento.

Cabe mencionar que los cargos que enfrenta dicho sujeto y los otros señalados son conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, por los que podría alcanzar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión o cadena perpetua.

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G.L.

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