Cuestionan negocio dental y uso de espacios públicos en la UTN
*Redacción Diario Evolución*
La puesta en marcha del proyecto odontológico UTN 120, dentro de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), generó cuestionamientos entre fuentes consultadas, quienes consideran necesario conocer si el programa representa un beneficio efectivo para la comunidad universitaria o si permite el desarrollo de una actividad privada dentro de instalaciones públicas.
De acuerdo con las versiones recabadas, la revisión odontológica tiene un costo de 120 pesos, mientras que los pacientes que requieren algún tratamiento deben pagar adicionalmente por el procedimiento. Ante ello, las fuentes cuestionaron que una iniciativa presentada como parte de una estrategia de prevención, formación y compromiso social maneje un esquema de cobro que podría asemejarse al de cualquier consultorio particular.
Piden aclarar bajo qué condiciones opera
Una de las principales interrogantes es conocer bajo qué figura legal y administrativa se permitió la instalación del consultorio dentro de la UTN.
Las fuentes consultadas consideran necesario determinar si existe un convenio, comodato, autorización, arrendamiento o algún otro instrumento jurídico que faculte al particular para utilizar infraestructura universitaria.
También plantearon una cuestión económica: ¿la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl recibe algún pago, renta, comisión o contraprestación por el uso de sus instalaciones?
A ello se suma la necesidad de conocer qué beneficios específicos reciben los estudiantes y trabajadores de la institución respecto de los pacientes externos.
Las fuentes señalaron que, si el objetivo principal es brindar un servicio de carácter social, tendría que existir un esquema que refleje claramente ese propósito, por ejemplo mediante tarifas preferenciales, descuentos importantes o un modelo en el que los usuarios cubran principalmente los materiales empleados en los procedimientos.
Durante la inauguración, el doctor David Guzmán Espinoza destacó que UTN 120 busca generar oportunidades para estudiantes, docentes y la comunidad, además de promover la prevención y la formación.
Precisamente por la presentación institucional del proyecto, las fuentes consideran indispensable conocer sus condiciones económicas, administrativas y jurídicas.
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¿Conoce el proyecto la autoridad educativa?
Otra de las dudas planteadas es si la Subsecretaría de Educación Superior y Normal del Estado de México, encabezada por Margarita Rocío Serrano Barrios, tiene conocimiento de las condiciones bajo las cuales opera el consultorio.
Las fuentes consultadas consideran pertinente saber si la dependencia fue informada de la instalación del servicio dental, si tuvo conocimiento del convenio correspondiente y si existe algún mecanismo de supervisión sobre las actividades comerciales que se desarrollan dentro del plantel.
La respuesta permitiría determinar si se trata de una estrategia institucional respaldada por la autoridad educativa o de un acuerdo cuya operación corresponde exclusivamente al ámbito universitario.
Actividades comerciales dentro del plantel
Los cuestionamientos también alcanzan otras actividades que se desarrollan al interior de la UTN, como el centro de copiado y diversos puntos de venta en los que participan estudiantes.
Según las versiones recabadas, estas actividades son justificadas como una alternativa para que los alumnos obtengan recursos y apoyen sus gastos durante la carrera.
Las fuentes aclararon que la participación de estudiantes en actividades comerciales no implica por sí misma una irregularidad. Sin embargo, consideraron necesario conocer quién las autoriza, qué reglas deben cumplir y si existe supervisión sobre su funcionamiento.
Incluso señalaron que algunos puntos de venta cuentan con terminales para aceptar pagos mediante tarjeta bancaria, circunstancia que, a su consideración, hace necesario conocer con mayor precisión cómo están reguladas estas actividades y quién administra los recursos obtenidos.
La interrogante de fondo es si existe una política institucional general para regular el uso comercial de los espacios universitarios.
Cuestionan actividades empresariales de Guzmán
Las dudas también se extienden a las actividades empresariales que desarrolla el doctor David Guzmán Espinoza en el sector odontológico, particularmente aquellas que tienen como escenario instalaciones públicas.
Según las versiones proporcionadas por las fuentes consultadas, Guzmán Espinoza ha participado en la organización de congresos, exposiciones y otras actividades relacionadas con la odontología en distintos espacios públicos de Nezahualcóyotl.
Entre ellos mencionaron el Centro Cultural Emiliano Zapata, conocido como Plurifuncional, donde se han realizado actividades relacionadas con el sector dental, así como instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde también mantiene presencia mediante un consultorio.
Las fuentes señalaron que los congresos y exposiciones pueden representar una actividad comercial debido al cobro realizado a expositores y, en determinados casos, a los visitantes.
Por ello, consideran necesario conocer si los inmuebles públicos utilizados reciben una renta, cuota o contraprestación por permitir la realización de estas actividades y cuál es el destino de los recursos obtenidos.
El cuestionamiento, aclararon, no está dirigido contra la organización de congresos o exposiciones privadas, sino hacia las condiciones mediante las cuales un particular obtiene acceso a instalaciones públicas para desarrollar actividades con fines comerciales.
Transparencia, la pregunta central
Las fuentes consultadas insistieron en que el propósito de sus cuestionamientos no es impedir la prestación de servicios odontológicos ni limitar las actividades empresariales del doctor Guzmán Espinoza.
El punto, señalaron, es conocer dónde termina el servicio social y dónde comienza la actividad comercial cuando se utilizan espacios pertenecientes a instituciones públicas.
Por ello, consideran necesario transparentar los convenios, permisos, contratos, tarifas de renta y, en su caso, las contraprestaciones relacionadas con el uso de estos inmuebles.
En el caso de UTN 120, también consideran indispensable conocer quién autorizó el consultorio, cuánto paga por utilizar el espacio, si la universidad recibe algún beneficio económico y qué ventajas concretas obtienen los integrantes de la comunidad universitaria.
Las fuentes señalaron que responder estas preguntas permitiría despejar cualquier duda y demostrar que la utilización de instalaciones públicas se realiza bajo reglas claras y en beneficio de la comunidad.
Mientras tanto, la principal interrogante permanece: ¿se trata de un verdadero proyecto social y educativo o de una actividad privada que encontró en los espacios públicos una plataforma para desarrollar un modelo de negocio?
