Denuncian falta de certeza jurídica y presuntas irregularidades en aportaciones del CUSAEM ante el ISSEMYM
*Fernanda Rodríguez*

La presidenta de la asociación civil Uniformados Unidos por la Verdad y la Justicia Nacional, Maribel Estrada, denunció la falta de certeza jurídica y presuntas irregularidades en las aportaciones de seguridad social de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), órgano auxiliar de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).
Acompañada por personal operativo de la corporación, frente a Palacio de Gobierno del Estado de México, Estrada explicó que su presencia de esta tarde de miércoles responde a la necesidad de dar seguimiento a una petición ingresada desde el pasado 28 de noviembre de 2025 ante la Cámara de Diputados.
En dicho documento, solicitaron a los legisladores definir con claridad el marco legal bajo el cual se rige la empresa y determinar qué institución es la responsable directa de garantizar los derechos laborales y de seguridad social de sus integrantes, sin que hasta la fecha hayan obtenido una respuesta oficial.
De acuerdo con la representante, el CUSAEM cuenta con una plantilla aproximada de 17 mil 500 elementos distribuidos en dos esquemas laborales: uno de carácter privado y otro vinculado al ISSEMYM. Sin embargo, advirtió que los trabajadores adscritos a este último régimen desconocen el estatus de sus cotizaciones, carecen de información sobre los recursos acumulados y no cuentan con mecanismos transparentes de rendición de cuentas.
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Durante su pronunciamiento, dirigió sus cuestionamientos hacia el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, recordando que previamente, a través de sus subsecretarios entre ellos Lino Rodríguez, ya se había solicitado esclarecer la situación interna de la empresa.
Asimismo, Estrada señaló la existencia de contratos mediante los cuales CUSAEM presta servicios al propio ISSEMYM por un monto superior a los 185 millones de pesos mensuales, en los que estarían asignados alrededor de mil 500 elementos operativos. Ante estas cifras, exigió que se transparente tanto el destino de dichos recursos públicos como los pagos y las condiciones laborales bajo las cuales opera el personal comisionado al instituto.
Finalmente, la dirigente, quien afirmó representar a cinco mil 700 elementos operativos agremiados a su organización, aseguró que mantendrán las exigencias en defensa de los trabajadores en activo, pensionados, jubilados y sus familias, reiterando que su demanda central es obtener certeza jurídica y garantizar el acceso pleno a la información sobre sus aportaciones y derechos de seguridad social.
