Denuncian presunta red de desvió de recursos en nóminas de la Secretaría del Campo EdoMéx
*Fernanda Rodríguez*
Una presunta red de irregularidades en el manejo de la nómina del Gobierno del Estado de México fue denunciada públicamente en una conferencia de prensa por el abogado y extrabajador Óscar Chávez Espinosa, quien aseguró que durante cinco años y cinco meses se han generado recibos de nómina a su nombre, pese a que desde 2021 fue objeto de una rescisión laboral de contrato en la entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), hoy Secretaría del Campo (SECAMPO).
De acuerdo con su denuncia, los comprobantes fiscales correspondientes a los ejercicios 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 aparecen registrados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con CFDI presuntamente expedidos y sellados por el Gobierno del Estado de México. Sin embargo, aseguró que no ha recibido esos recursos ni presta servicios actualmente para la administración estatal.
Chávez Espinosa explicó que su separación laboral ocurrió en 2021, durante la pandemia de COVID-19, cuando se encontraba dentro del grupo de trabajadores considerados vulnerables debido a que padece hipertensión y diabetes. Señaló que, conforme a las disposiciones sanitarias vigentes en ese momento, no debía reincorporarse presencialmente a sus actividades; sin embargo, personal de Recursos Humanos habría levantado un acta por supuestas faltas y posteriormente determinó su rescisión laboral.
El afectado, quien se desempeñaba como chofer asistente en el área de Recursos Humanos y contaba con más de 17 años de servicio, rechazó haber presentado alguna renuncia. Por el contrario, inició un procedimiento para impugnar la decisión y buscar su reinstalación, identificado con el expediente laboral 421/2021, radicado en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
No obstante, acusó que el juicio lleva más de dos años detenido, en espera de que se emita el laudo correspondiente, situación que, consideró, abre espacios para posibles irregularidades en el manejo de las plazas y las percepciones de trabajadores que mantienen litigios laborales con el gobierno estatal. Explicó que el hallazgo ocurrió hace aproximadamente un mes, cuando realizaba una búsqueda de información relacionada con otro asunto laboral en la plataforma de servidores públicos de la Secretaría del Campo.
Fue entonces cuando encontró que su nombre aparecía con estatus activo, pese a que su relación laboral había sido rescindida y el caso permanecía en litigio. Ante esta situación, acudió al SAT para consultar su información fiscal y descargar los comprobantes de nómina, por lo que al revisar los documentos encontró que continuaban generándose percepciones a su nombre, además de descuentos por conceptos que asegura nunca haber contratado.
Entre las irregularidades detectadas mencionó un crédito atribuido a una empresa financiera identificada como Credicon y otro registro relacionado con Verifone, SAPI, cuyo monto, aseguró, desconoce y que nunca solicitó. Incluso, señaló que las llamadas de cobranza llegan al teléfono celular de su esposa, debido a que su número estaría relacionado con su cuenta de Facebook. También encontró descuentos por seguros de vida de MetLife, identificados en sus recibos desde 2020 o 2021, por aproximadamente 100 pesos quincenales, que nunca contrató y desconoce quién habría sido registrado como beneficiario.
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A ello se suman descuentos por concepto de mutualidad y cuotas sindicales del SUTEYM, así como registros relacionados con el ISSEMyM, por ello, cuestionó quién autorizó esos movimientos, quién recibe las percepciones y a nombre de quién se encuentran los beneficios y servicios financieros vinculados con su identidad.
El denunciante estimó que los pagos de nómina generados a su nombre representan alrededor de 500 mil pesos, aunque durante la conferencia también mencionó registros que, al revisar la información fiscal, alcanzarían más de 10 millones de pesos, por lo que pidió esclarecer el alcance de las operaciones y determinar si existen otros trabajadores afectados.
Como parte de las acciones emprendidas, informó que este martes presentó denuncias ante el SAT, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y que en la Contraloría del Gobierno estatal está por llevarla nuevamente. Asimismo, ingresó solicitudes de información al ISSEMyM y al SUTEYM para conocer cuántas cuotas y aportaciones se han recibido a su nombre, así como los montos correspondientes.
Adelantó que también presentará un escrito dirigido a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, acompañado de los acuses de las denuncias y solicitudes realizadas ante las distintas instancias, con la finalidad de exigir una investigación integral y el esclarecimiento de los hechos. Chávez Espinosa consideró que su caso podría no ser aislado y planteó la posibilidad de que existan otros extrabajadores cuyos nombres continúen activos en las nóminas gubernamentales mientras mantienen juicios laborales por rescisión de contrato, lo que considero uso indebido de sus datos personales.
Como argumento, señaló que en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje existen alrededor de 15 mil asuntos laborales, de los cuales estimó que aproximadamente la mitad corresponderían a ayuntamientos y el resto a dependencias del gobierno central. Por ello, pidió revisar cuántos trabajadores que fueron separados de sus cargos continúan apareciendo en los registros de nómina y si terceras personas están cobrando esos recursos.
También recordó que, durante la administración de Alfredo del Mazo, la dispersión de la nómina estatal habría sido triangulada mediante la empresa Enomina, de Toluca, mecanismo que, según su señalamiento, también intervenía en la gestión de créditos y otros beneficios para los servidores públicos. Sostuvo que algunas de las irregularidades que ahora denuncia se originaron durante ese periodo y continúan registrándose en la actual administración morenista.
Manifestó que anteriormente denunció presuntas irregularidades en la venta de plazas y el supuesto desvío de recursos en la entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario, sin que sus señalamientos fueran atendidos, y consideró que su separación laboral estuvo relacionada con las denuncias que realizó.
Por su parte, el abogado Ricardo Martín Rojo Domínguez que lo acompaño hicieron un llamado a la gobernadora Delfina Gómez y a la titular de la Secretaría del Campo para que se investigue a las áreas de Recursos Humanos, nómina y administración, a fin de identificar quién autorizó la generación de los comprobantes fiscales, quién ordenó la dispersión de los recursos y quiénes son los beneficiarios de esos pagos, además de quienes están firmando la documentación o bien presentando hasta su identificación oficial.
Asimismo, convocaron a trabajadores y extrabajadores del Gobierno del Estado de México que hayan enfrentado rescisión laboral y mantengan juicios pendientes a acercarse para recibir orientación, revisar sus registros fiscales y verificar si existen nóminas, créditos o descuentos generados a su nombre sin su conocimiento. Chávez Espinosa sostuvo que el objetivo de hacer pública esta denuncia es evitar que el caso quede en el olvido y conseguir que se sancione a quienes resulten responsables, pues consideró que se trata de recursos públicos cuyo destino debe ser esclarecido.
Los denunciantes insistieron en que las autoridades deben realizar una revisión amplia de las nóminas estatales para determinar si existen más casos similares y garantizar que los recursos públicos no sean utilizados mediante identidades de trabajadores que ya no se encuentran prestando servicios.
