domingo, noviembre 15, 2026
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Diputados aprueban en lo general el Plan B de la reforma electoral de Sheinbaum

Foto: Especial.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el Plan B de la reforma electoral con 377 votos a favor de Morena y aliados, frente a 122 en contra del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI). La reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum modifica tres artículos constitucionales y ahora pasa a la discusión en lo particular.

El ‘Plan B’ electoral busca disminuir privilegios en Congresos locales y municipales para destinar un tope máximo de los recursos que se les destinan, además de fortalecer la consulta popular.

El debate y aprobación del ‘Plan B’ ocurre en un contexto de polarización entre bancadas con posturas encontradas sobre el impacto que tendrá la Reforma Electoral sobre el Instituto Nacional Electoral (INE). Así como diferencias entre las bancadas de Morena y Partido del Trabajo (PT).

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El dictamen de reformas a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución fue enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum después de que los legisladores desecharan la propuesta original, al no alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Las reformas aprobadas establecen que ayuntamientos se integrarán hasta por 15 regidores con principio de paridad; además de topar el presupuesto de los Congresos de los estados de México al 0.7% del presupuesto de cada entidad y recortan las remuneraciones de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral.

Finalmente, se añade que los recursos públicos que resulten como economías o ahorros en los presupuestos anuales de las entidades federativas derivados de las reducciones que, en su caso, se realicen a los presupuestos de las legislaturas locales y en la integración de los ayuntamientos conforme a los artículos 115 y 116 constitucionales, quedarán en el patrimonio de la hacienda pública de cada municipio.

Y las legislaturas de las entidades federativas destinarán estos recursos excedentes a obras de infraestructura pública en beneficio de la población dentro del presupuesto correspondiente, en los términos de la legislación aplicable, garantizando en todo momento los principios de legalidad, honradez, transparencia y austeridad.

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